A través de un comunicado la asociación de funcionarios aseguró que las atenciones al público se han alargado de 8 a treinta minutos, a causa de serios problemas en el sistema tecnológico, y la molestia de la gente ha derivado en “agresiones y malos tratos”. Critican el “sistema deficiente” adjudicado en 2021 a IDEMA que ha recibido millonarios ingresos en un trato privilegiado con el Estado, mientras todo se tapa con el empadronamiento de inmigrantes.
El Director Nacional del Registro Civil Omar Morales tiene certeza de que su puesto está en la cuerda floja. Así lo comentan en su equipo más cercano. Morales sería el fusible antes que la crisis llegue al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y por extensión a La Moneda. Morales ha sobrevolado el incidente del “enrolamiento” que mostró a más de tres mil personas agolpadas en el estadio Víctor Jara. El bochorno le costó el puesto a uno de sus hombres de confianza, Luis Cisternas, jefe del Departamento de Gestión, apuntado como responsable de la errática decisión. Pero su salida no alcanzaría para salvar a Morales.
Ello dependería del ultimátum que el servicio habría dado a IDEMIA, la proveedora tecnológica del nuevo sistema de identificación. Después de años de anuncios postergados, la entrega de nuevas cédulas y pasaportes partió el lunes. Pero el sistema no funciona y al cierre de esta nota presentaba serios problemas. Morales puso como plazo fatal este viernes para solucionarlos. Pero según fuentes internas, IDEMIA no ha entregado respuestas claras.
La crisis también enoja a los funcionarios. Este jueves en un comunicado de Anfurcich, una de las asociaciones de funcionarios del servicio, está consignada la magnitud del problema.
La asociación aseguró que se han presentado “cientos de cédulas y pasaportes bloqueados automáticamente”, otros que han sido entregados sin “verificación biométrica” o “sin activación”. A estos problemas el comunicado suma que “los datos de solicitud, no son coincidentes con los leídos en el chip del documento”, “hay problemas de conectividad entre los mismos dispositivos de captura biométrica”, “intermitencia y lentitud extrema en la carga de datos”, “avisos por mail de cédulas listas, sin que se hayan fabricado”, “una interconexión con otras instituciones que no opera”.
Por estas razones, las atenciones que antes de este lunes demoraban 8 minutos, ahora se han extendido hasta 20 o 30 minutos. Es en este contexto que la asociación de funcionarios denuncia que se ven expuestos a “las agresiones, disgustos y malos tratos de la ciudadanía, pese a que no son responsables de la implementación (…) de un sistema deficiente que intentan sostener con la mejor de sus voluntades”.
Este “sistema deficiente” lo opera la misma compañía tecnológica desde 2011. Con base en Francia, primero con el nombre de Morpho y actualmente IDEMIA. El contrato actual partió cuando se les adjudicó la licitación por otros 10 años, en noviembre de 2021. Pero sufrió diversas postergaciones y se sumaron otros contratos de servicios complementarios, para que el sistema pudiera funcionar. Por trato directo, IDEMIA ha recibido ingresos por US$540 millones en 3 años, mientras que el contrato inicial era de US$226 millones en 10 años. Una de las explicaciones del servicio a la Contraloría, para adjudicar esta serie de abultados tratos directos era que, además de IDEMIA, “no existe otro proveedor con la seguridad y confianza requeridas”.
Los lazos de IDEMIA
Otra explicación, para un trato que parece excepcional con una empresa tecnológica en particular, se puede encontrar en los nexos políticos de IDEMIA.
En Chile IDEMIA es representada por el estudio Zúñiga y Campos, oficina que forman Francisco Zúñiga y Jaime Campos, (ZC) con amplias redes con el mundo de centro izquierda y el actual oficialismo.
En el bufette del abogado Zúñiga se puede encontrar algunos abogados prometedores de la plaza, entre ellos Jaime Gajardo Falcón, que ascendió de subsecretario a ministro de Justicia a raíz del caso Monsalve, ministerio del cual depende el Registro Civil. El actual ministro trabajó en el estudio ZC hasta 2022. Ese mismo año aclaró que nunca vio asuntos de IDEMIA mientras estuvo en esa oficina, pero su posición actual podría ser la garantía que IDEMIA, representada por ZC Abogados, tendrá el camino abonado para alcanzar nuevos acuerdos.
Además, Jaime Campos otro de los connotados de ZC Abogados es un histórico del Partido Radical, fue ministro de Justicia de Michelle Bachelet, mientras el contrato anterior con IDEMIA de 2011 a 2021 estaba en curso. El actual director, Omar Morales Márquez, también del Partido Radical, fue promovido desde Valparaíso, donde era director regional del Servicio, mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Antes fue Seremi de Economía y gobernador de la provincia de San Antonio en el primer gobierno de Bachelet.
En el contexto de los permanentes retrasos que han justificado legalmente los tratos directos que han multiplicado1.5 veces el monto licitado, elevándolo de U$226 millones a U$540 millones, existen cuestionamientos serios al interior del servicio. En especial a su equipo tecnológico y el subdirector de la Subdirección de Estudios y Desarrollo, Daniel Teplizky, que trabaja estrechamente con la empresa operadora. Teplizky es hijo de Benjamín Teplisky, fallecido histórico del Partido Radical, quien fuera ministro de Minería de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Lea acá el comunicado de Anfurcich