Por Iván Rojas Bravo
El caso audio nos ha enfrentado a una cruda realidad que, o no queríamos ver, minimizábamos, o, peor aún, normalizábamos, aunque sea un poco: una forma de hacer las cosas que nos ha llevado a un dañino equilibrio. Debajo de la alfombra se ha acumulado, a lo largo de los años, demasiada mugre. A fin de cuentas, no nos diferenciamos tanto de otros países donde la misma corrupción es más evidente. Esta forma de hacer las cosas, desde irregularidades a abusos y corrupción pura, al ser más disimulada que en otras latitudes, tuvo asociado el peligro de dar una falsa sensación de que las instituciones funcionan más o menos bien. Eso creíamos, y de eso nos jactábamos.
En Chile, la figura del abogado ha tenido un rol que va más allá de la industria legal. Pululan en la cosa pública –cual mentholatum– porque su profesión les permite adaptarse y, más que ser un abogado en el marco de la asesoría jurídica, cumplen un papel tanto en los tres poderes del Estado como en el mundo privado. Estamos gobernados por abogados.
Hermosilla es la representación estructural de cómo se litiga en Chile. Es uno más. Es una muestra de cómo funciona un bufete moderno de abogados más allá de la discusión de argumentos en un caso en tribunales; se trata de sus relaciones con colegas, jueces, políticos, empresarios y la prensa. La telelitigación llegó a convertirse en un fenómeno que involucra a los medios en un relato paralelo y coloquial de la causa, presionando al Poder Judicial.
¿Qué diferencia existe entre los abogados tipo Hermosilla y un buen abogado de, por ejemplo, Curicó? Son las redes de contacto. Por lo tanto, se entiende que el servicio jurídico que otorgan los primeros contemplan dichas redes y sus gestiones, desde pitutos y paleteadas, hasta elección de tribunales y jueces de conveniencia. Es, por decirlo así, su sello diferenciador, por el cual fanfarronean y cobran sus honorarios… y por el cual sus clientes, muchas veces a sabiendas, acuden a ellos.
Todo lo anterior se entiende posible porque distintas unidades del sistema permiten, por decirlo de manera diplomática, este equilibrio mediocre. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), desde su máximo representante que declaró tener un doctorado en una universidad belga, pero que se descubrió que no era auténtico tras un conflicto por acoso laboral, hasta la responsabilidad de sistemas de asignación de causas que permiten ser vulnerados, es parte esencial del engranaje.
Por ejemplo, la asignación de las causas de la quiebra de Latam y Curauma al 2° Juzgado Civil de Santiago, tramitadas por el mismo estudio de abogados, no solo desafía las leyes de las probabilidades, sino que es escandalosa, toda vez que internamente se ha reconocido en forma expresa que, si se hubiese seguido el criterio de asignación que impide elegir un tribunal de conveniencia, dichos casos habrían sido asignados a otros tribunales. Ambas causas han significado un daño relevante no solo a acreedores, sino también a los accionistas minoritarios. ¿Justo proceso?
Por su parte, el Colegio de Abogados ha sido un elemento decorativo en todo esto; ya perdió su oportunidad para marcar una opinión clara y categórica; es parte del mainstream.
Si a lo anterior agregamos la opacidad en el nombramiento de los CBR y notarios, la posibilidad de contar con un juez amigo en algún juicio, irregularidades en la integración de las salas, irregularidades en la inhabilidades de los jueces al enfrentar un caso, irregularidades cometidas en la tramitación de las causas por incumplimiento de las normas y criterios existentes, el mercado secundario de los informes en derecho como figura residual en el proceso judicial y que posteriormente son publicados por la academia como papers, y el silencio del mundo académico del derecho que también forma parte de los más reputados estudios de abogados de la plaza, entre otros elementos, se logra entender que Hermosilla no es el niño símbolo de la corrupción.
El cuadro es mucho peor. Convertir a Hermosilla en el chivo expiatorio sería un error y hará que al final de todo este episodio el sistema mejore un poco, pero solo eso. Seguiremos casi igual, avanzando sobre la base de parches.
En otro contexto, con los economistas pasa algo similar. Han jugado un rol importante en la mala implementación del modelo económico en Chile y en no haberlo corregido. Lo que se implementó en Chile no fue el modelo económico que nos hubiese llevado hoy al desarrollo. Tenemos un modelo que es un jurel tipo salmón, pero nadie hace la diferencia. Es un modelo de equilibrios oligopólicos y no de competencia real. Se trata de un sistema económico plagado de intereses creados, que dio lugar a grupos de poder y decisión, resultando en transferencias unilaterales de riqueza y abusos.
En nuestra pequeña economía, lamentablemente, la red de contactos que se ha generado entre los agentes que poseen posiciones de semiprivilegio ha resultado en un equilibrio que nos tiene entrampados en el ingreso medio. Así, se ven grandes empresas supuestamente exitosas y dignas de admiración, que basan su estrategia corporativa en imperfecciones de mercado.
En Icare, Enade y similares, se habla de “compromiso país” y abundan los lugares comunes y las frases obvias sin sustancia y se regalan los oídos a la privilegiada galería asistente.
El compromiso país se ha traducido, en la práctica, en dar migajas a programas muy diversos, desde techos a los más necesitados, escuelas rurales, fomento al pobre emprendedor que no tiene acceso a capital, todo con toque de trompeta en vistosas páginas sociales o sendas entrevistas dominicales en el diario regalón, mientras en paralelo obtienen suculentas rentas anormales en los mercados en los que operan.
Ciegamente creen que hacen bien las cosas, incluso creen que le hacen un bien al país; pero no tienen consciencia de que un porcentaje importante de sus utilidades se generan por los abusos a los mismos que pretenden ayudar.
¿Ejemplos? Farmacias, pollos, guerra del plasma, repactaciones unilaterales, intereses disfrazados de comisiones, colusiones, bancos que no entregan toda la información a sus clientes, barreras de entrada, barreras de salida, créditos con un costo final para el cliente que excede considerablemente la Tasa Máxima Convencional, ventas atadas, retail que puede crear empresas que actúen como un banco sin someterse a las normas que lo rigen, triangulaciones de platas financiándose en el mercado de capitales y colocarlas al público vía una empresa filial, grandes compradores que aplican el poder negociador contra un proveedor pequeño y le imponen un precio considerablemente distinto del precio del bien transable a nivel mundial, por señalar algunos casos.
¿Acaso no es raro que las mismas empresas que han tenido multas por colusión en el extranjero figuren en nuestro país en un ranking de empresas de mejor reputación o similares?
¿Y las autoridades? No están a la altura. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se ha convertido en un mero buzón burocrático. Públicas han sido las denuncias que he hecho por la situación de las quebradas compañías de seguros de vida que venden rentas vitalicias y del rol de la CMF en permitir una ficción contable que subvalora el verdadero pasivo con los pensionados.
La CMF elude el tema y no responde con argumentos. Y otras veces simplemente no responde. Pongo un ejemplo: en abril 2023 hice una denuncia a la CMF (código CMF 2058053); en agosto 2024 volví a solicitar respuesta a la denuncia (código CMF 2024080446866); a la fecha sigue sin respuesta.
¿De qué trata la denuncia? De dos temas que considero relevantes: a) un evidente conflicto de intereses de Euroamerica S.A., controladora de Euroamerica Compañía de Seguros de Vida y principal accionista de Enjoy, que resulta en una transferencia de riesgo en perjuicio de los pensionados por renta vitalicia; y b) los millonarios pagos que todos los años Euroamerica Compañía de Seguros de Vida paga a la matriz por concepto de “asesorías financieras”. Llevo más de un año esperando respuesta de la CMF. En el caso Audios, El Mostrador comenta que la CMF habría tomado conocimiento de la situación hace más de un año.
El equilibrio mediocre está en todos lados. Cuando se habla de reforma al sistema de pensiones –uno de los pilares fundamentales del descontento ciudadano en contra de “el modelo”–, nadie habla del equivalente cierto, concepto financiero clave en el análisis del proceso de ahorro de pensiones, y se engañan haciendo proyecciones utilizando retornos esperados que sobreponderan las bondades del sistema y después se convierten en promesas implícitas.
Al modelo de pensiones se le asignan atributos que no tiene, y en función de ello se implementan parches. Nunca se ha contado el cuento completo del sistema de capitalización individual, ni siquiera su autodenominado “padre”; y para perfeccionar o reemplazar algo, primero hay que entenderlo bien. El mundo académico ha mantenido un cómplice silencio.
El resultado de todo lo anterior ha sido que el modelo implementado en Chile está capturado por intereses creados en todas las áreas y donde todo está en un estable equilibrio mediocre, convirtiéndose en una implementación degenerativa del modelo original. En este equilibrio mediocre, todo –sector privado, Gobierno y sector público, instituciones reguladoras, sistema legal– funciona a medias, y el rol de abogados y economistas ha sido fundamental.
Si bien algo se avanzó en las últimas décadas, el país fue como un atleta corriendo con una pesada mochila. ¿Por qué no se corrige? Porque a la élite le conviene mantener el statu quo. Y cuando ocurren eventos que remecen los cimientos del sistema, como por ejemplo el estallido social, producen un mea culpa y se logra avanzar un poco, todo sobre la base de mejoras tipo parches. Ser revolucionario y romper esquemas va en contra de la subsistencia propia del modelo.
En el análisis de por qué perdimos el rumbo, la crisis del Poder Judicial no es independiente de la crisis de la trampa del ingreso medio. No sacamos mucho con corregir el sistema de nombramiento de jueces, por ejemplo, sin promover una efectiva competencia en todos los sectores; no sacamos mucho con tratar de abordar de verdad el problema de las bajas pensiones, sin corregir la CAPJ y sus mecanismos que deben garantizar un proceso jurídico imparcial y objetivo.
Es la forma de hacer las cosas en todo ámbito la que está dañada. Por lo tanto, una solución efectiva implica necesariamente abordar el cuadro completo; solución que no deja de ser dolorosa para todos los incumbentes. Solo así Chile saldrá de la trampa del ingreso medio.
Todos estos temas tratados no son nuevos. Y volviendo al título de esta columna, abogados y economistas no hicieron nada por cambiar de verdad el sistema. No tuvieron visión de largo plazo. En vez de ser parte integral de una solución consistente en apuntalar el verdadero modelo de desarrollo y servir de guía a políticos y empresarios, han sido parte del equilibrio mediocre en el que estamos. Ese ha sido el verdadero costo de todo esto: no haber llegado hace rato al desarrollo.