Chile se ha desarrollado pese al secreto bancario o, no sabemos, gracias al secreto bancario.
Un caso paradigmático que involucró a una ex autoridad, la primera nada menos, fue la revelación del Banco Riggs de Estados Unidos, donde Augusto Pinochet figuraba con nombre falso (Daniel López), donde se le encontraron varios millones de dólares provenientes del dinero sucio, principalmente de comisiones por venta o adquisiciones de armas. Eso sucedía en la década de los años ochenta y noventa, pero reventó luego de la detención del dictador en Londres. Pinochet murió sin rendir cuenta de sus crímenes ni de sus negocios truchos.
Hoy estamos un cuarto de siglo después y sigue siendo el mismo tema del secreto bancario el que ahora preocupa, pues se trata de desarticular, sabiendo la ruta del dinero, al crimen organizado. La derecha se opone sin mayor justificación. La izquierda quiere lo contrario.
En el caso de la derecha, pese a que el SERVEL tiene financiamiento y los aportantes son trasparentados, siempre hay dineros de dudoso origen que llegan a las campañas. Ese dinero viene de las empresas o sus dueños, los que luego «cobran» en favores con leyes a la medida. En este siglo el caso de SQM fue transversal y se le echó tierra.
En el caso del crimen organizado la «justificación» para oponerse que esgrime la derecha es que «los narcos no hacen transferencias», argumento que se cae solo al revisar que en los últimos 15 años la Unidad de Análisis Financiero, UAF (organismo público con patrimonio propio), detectó que en más de la mitad de los casos investigados los narcotraficantes utilizan el sistema bancario para lavar dinero. Así, es una buena señal que se autorice a la UAF acceder al secreto bancario sin pasar por una orden judicial, como aprobó la Comisión de Seguridad del Senado (con votos oficialistas 3 a 2).
Cuando se trata de dinero mal habido, es verdad, muchos de los que recaudan estas millonarias sumas las llegan a esconder, incluso entre las paredes, y para que ello no suceda hay iniciativas que están en el parlamento para que cualquier compra con más de un millón de pesos sólo sea por transacción bancaria. Eso ayudaría a la UAF detectar cuando exista una presunción de manejo dado por los mismos bancos, como hoy existe por declaración de dinero recibido o enviado al extranjero, que se pueda hacer en las cuentas nacionales.
Como toda política punitiva, esta requiere poner los incentivos -por ejemplo- en una declaración jurada simple cuando se gira o en la autodenuncia, cuando se tenga sospecha del origen de los dineros, con el debido resguardo de la identidad de la persona que reporta, cuando se recibe. No parece tan complejo, pareciera, salvo que los y las parlamentarias que se oponen tengan un trato con aportantes ocultos o, derechamente, estén tomados y puestos en el Congreso por algunos narcotraficantes.
Por ahora, un acceso al secreto bancario a la UAF pareciera ser lo correcto. Esta entidad del Estado nunca ha tenido filtración de la información que maneja, que es otra de las aprensiones que manifiestan los detractores de este proyecto de ley. La información que obtiene, y que puede ser parte de delito, sólo es entregada al Ministerio Público.