El ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó una querella contra el empresario Jorge Errázuriz, una demanda contra el senador socialista Fidel Espinoza y una acción prejudicial contra la UDI, a cinco meses de haber estallado el caso Convenios y renunciando al cargo.
«La primera de ellas es una querella criminal por injurias y calumnias contra el empresario financiero Jorge Errázuriz, quien a través de la red social Twitter, hoy llamada X, se refirió a mí vinculándome como autor del robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto sin aportar ninguna prueba, y eso lo ha hecho de manera sucesiva, también vinculándome como autor intelectual de lo que sería el investigado Caso Convenios», señaló el ex ministro.
Luego se refirió a la segunda acción, que -explicó-,»es una demanda por daño a la honra, por difamación del senador Fidel Espinoza, quien también se refirió a mí como el líder de una banda de criminales, y por lo tanto esto está todo, por supuesto, documentado desde público conocimiento, y por lo tanto es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias bien acaloradas, de las cuales yo también he sido parte, existan límites como lo establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas», sostuvo.
Finalmente, la tercera se trata de una acción prejudicial contra la Unión Demócrata Independiente, «contra el partido político, por la carta que emitieron los parlamentarios de su partido político, también pocos días antes de que yo presentara mi renuncia, carta en la cual, carta obviamente que es un hecho público y notorio, al enviarle una carta al Presidente de la República, en la cual ellos manifiestan que yo habría sido autor de dos delitos, nuevamente sin aportar ninguna evidencia, y por lo tanto creemos que es importante que se puedan hacer responsables, porque son autorías que tienen un poder específico y un poder comunicacional en nuestro país, y esta medida prejudicial es precisamente para tener más antecedentes y saber contra quién tiene que ir la demanda principal, si es que es contra los firmantes de aquella carta, o si tiene que ser contra el partido político dado que los parlamentarios, según los estatutos de la Unión Demócrata Independiente, son parte y reflejan la voz del partido en el Congreso, y que al mismo tiempo su presidente, Javier Macaya, dos días después respaldó la carta en un medio de comunicación».