Los Consejeros Regionales de Valparaíso, Laura Acosta, Roy Chinchón y Manuel Millones interpusieron una denuncia ante la Fiscalía porteña para que se investigue la muerte de una lactante en el puerto de San Antonio, la que habría fallecido por falta de camas pediátricas.
Junto con pedir diligencias y se tomen declaraciones a la ministra Ximena Aguilera y a una serie de personeros de la salud nacional y regional, los Cores expusieron hechos que se deben investigar.
Roy Crichton presidente comisión de salud del Consejo Regional, señalo que “ hubiera esperado que el ministerio público actuara de oficio y como ello no ocurrió, nosotros como consejeros regionales decidimos hacer esta denuncia, de modo de que la fiscalía abra una investigación y se establezcan responsabilidades, sobre todo por el actuar negligente de las máximas autoridades del ministerio representadas por la señora ministra y el subsecretario Fernando Araos, y que como consecuencia de esas omisiones y actuaciones culminaron con el fallecimiento de dos menores en la región”. Agregó se solicitaron fondos ( 2400 millones) extraordinarios para equipamiento y estar preparados para el peak del invierno y dichos fondos no se aportaron y hoy están las consecuencias».
La Core Laura Acosta, vicepresidenta comisión de salud, indicó que «es necesario esclarecer lo sucedido con todos los antecedentes en la mesa, no solo para dar tranquilidad a la familia, si no también para tomar las medidas necesarias ante la emergencia y no se repitan hechos similares. No basta solo con reconvención de camas, también se requiere el recurso humano para poder abordar esta emergencia, y esto no se realiza de un día para otro y eso da cuenta de la improvisación. Nuestros niños, lamentablemente, están en riesgo ante este gobierno que ha a la fecha a demostrado ser inoperante».
Por su parte. el Core Manuel Millones señaló que «el ministerio de salud tiene doble responsabilidad en estos hechos lamentables y que han derivado en la muerte de dos menores, la primera de ellos es no haber escuchado la petición de los trabajadores de salud, de los directivos y de la comisión de salud, en orden a dotar de equipamiento los hospitales para reconvertir camas y compras de ventiladores pediátricos, no obstante no fuimos escuchados y lo mismo los trabajadores. La segunda responsabilidad es haber actuado negligentemente frente a la compra de camas en clínicas privadas y lo que es mas grave, es que se faltó a la verdad de los hechos, por cuanto pese a que el subsecretario afirmó que habían consultado al sector privado y la respuesta fue negativa, sin embargo la información pública es que si habían camas en las clínicas de Santiago y Valparaíso. Es decir la pequeña Mia Olivares pudo haber sido derivada a alguno de estas 2 clínicas . En definitiva si se mintió al país y tuvo consecuencias, entonces la autoridad tiene responsabilidad penal, pero esa decisión le corresponde a los tribunales de justicia establecerla».