El rechazo del nombre de José Morales como Fiscal Nacional en el Senado constituye la peor humillación que un partido de Gobierno le ha infligido al Presidente de la República Gabriel Boric. Cuatro senadores de ese partido: Fidel Espinoza, Alfonso de Urresti, Gastón Saavedra e Isabel Allende, esta última impedida de asistir presencialmente a la votación por una operación a la cadera, le negaron sus votos a su propuesta de nombramiento, abriendo un enorme forado de credibilidad a sus políticas de Seguridad Pública. Adicionalmente, para hacerlo digerible, arrastraron el nombre de José Morales, un profesional de distinguida trayectoria y vocación pública.
Lo hecho resulta incomprensible si se considera que la seguridad es lejos la principal preocupación de la ciudadanía y que esos parlamentarios pertenecen al bloque político denominado “socialismo democrático”, que cuenta con las más altas autoridades gubernamentales con incidencia directa en las políticas de seguridad. Tal es el caso del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de la ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte y la de Defensa Maya Fernández Allende, todos socialistas; y de Carolina Tohá, Ministra del Interior y Eduardo Vergara, Subsecretario de Seguridad Pública, ambos de filiación PPD. Esos, más otros altos cargos en el Ministerio de Defensa y en la ANI, más la independiente Mónica Ríos en Justicia.
Una democracia decente es el resultado de una política decente, la que consiste en un actuar cívico que no humilla a sus adversarios y, mucho menos, a sus aliados. Que da al menos muestras de deferencia política para con el Gobierno que lo ha invitado a gobernar, utilizando las vías reservadas y no los medios de comunicación pública para comunicarse.
La ministra del Interior declaró que no existe quiebre parlamentario por la derrota -enteramente atribuible al Partido Socialista pues solo faltaron dos votos- y que hubo campaña sucia a través de los medios, y llamó a no insistir en tales métodos. Lo que por cierto resulta difícil en un país que ha empezado a perder la vergüenza cívica y ya vive de la reinterpretación de la realidad antes que de los hechos.
Política experimentada, la ministra está consciente que el gobierno tiene que dar vuelta la página rápidamente, que se requiere un nuevo proceso para un nuevo nombre, con nuevas rondas de consultas y posiblemente nuevos alineamientos; y que existe una pesada agenda legislativa en un ambiente de minoría parlamentaria oficialista que para llevarla adelante, el “oficialismo” resulta una cantera exigua para múltiples batallas.
Sabe también que si algo urge en el país son la seguridad y la inflación, por lo que es imposible pasar por alto la postura negativa de los senadores PS. Porque de la humillación de Boric, se tiene que hacer cargo su partido, mal que mal, está gobernando prácticamente todos los sectores. La Seguridad, la Hacienda Pública , la Defensa, las Relaciones Exteriores y la Agenda Legislativa. Ello pese a haber perdido la elección presidencial de primera vuelta, y solo luego haber sido invitado por el candidato vencedor a formar parte del Gobierno. La respuesta la tiene ahora la presidenta del partido.
Una democracia decente es el resultado de una política decente, la que consiste en un actuar cívico que no humilla a sus adversarios y, mucho menos, a sus aliados. Que da al menos muestras de deferencia política para con el Gobierno que lo ha invitado a gobernar, utilizando las vías reservadas y no los medios de comunicación pública para comunicarse. Y si no está de acuerdo con una decisión, utiliza el recurso menos ofensivo o dañoso frente a los aliados -en el caso de la votación de Fiscal Nacional anunciar ausencia y permitir que bajara el quorum para dejar en claro que la decisión no era compartida- y no golpear a SU gobierno con talante de propietario autócrata de una competencia legal de emitir su voto. La decencia no se basa solo en la legalidad de lo actuado, sino también en lo legítimo, que en una democracia funcionando en coalición, adquiere el carácter de una condición de validez para la eficacia de la legalidad de todo el sistema.
Entender esto exige cierta finura cívica, y una noción clara de la responsabilidad de Estado y de gobierno, y de cómo funcionan las democracias representativas modernas. Los partidos y sus representantes requieren de esa finura conceptual para no autoerigirse en partidocracia, es decir instituciones que se erigen en entes autónomos de la representación política que ostentan, que carecen de sistemas de cuenta de responsabilidad ante sus asambleas, y deciden lo que hacen por sus propios intereses, sin transparencia ni responsabilidad ante nadie.
La derrota-humillación infligida por los senadores socialistas mencionados tiene mucho de ello. No se sabe a ciencia cierta cual es el grado de penetración del crimen organizado en nuestra sociedad. Lo que sí es seguro que, al igual que toda la ciudadanía, han interpretado lo ocurrido como una señal. Para el chileno de a pie, es una muestra más que los políticos no cumplen y hay que seguir esperando. Para el crimen organizado, seguramente es una muestra de la porosidad que existe en materia de seguridad, pues pese al enorme consenso y mayoría de Senadores que estuvo por aprobar lo propuesto por el Presidente, en su propia coalición 4 socialistas se la rechazaron.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
