No son las policías, son los políticos. Que nunca logran transparentar sus posturas o preferencias de orientación doctrinaria sobre lo que debe ser un Estado democrático en temas de seguridad. Que muchas veces barajan intereses privados en lo público, construyendo influencia desde las sombras como característica esencial del Estado consociativo, tal como se lo describió hace años para explicar el manejo del país.
La última Encuesta Signos de la Consultora SmartAnalytics trae una serie inquietante de datos sobre lo que la ciudadanía está pensando de la inseguridad criminal que afecta al país y que tiene casi un tono dramático en medio de la crisis de seguridad. La mitad de los encuestados dice que el principal problema es la delincuencia. El 35% piensa que las policías pueden estar infiltradas por ella, versus un 45% que dice que no lo están y un 60 % piensa que las policías obedecen a las autoridades. Pero luego la valoración de las medidas de fuerza se dispara. El 57,5% piensa que reponer la pena de muerte podría ayudar a disminuir la delincuencia, y un 66% se muestra derechamente partidario de ella para castigar los delitos más graves. Casi un 80% desea expulsar a los inmigrantes ilegales sin más, y casi un 60 por ciento percibe al país con una baja estabilidad política.
La lectura cruzada de los guarismos indica que la gente piensa que los responsables de la inseguridad son los políticos, y su rechazo a dotar de mayores facultades a las policías para que usen la fuerza legítima contra los delincuentes. Un 70% se muestra partidario de entregarles mayores facultades.
- ¿Por qué la prensa tiene que hacer buceos de pantano para esclarecer vínculos que pudieran implicar conflictos de interés a la hora de elegir un nombre, cuando sería más fácil que los propios involucrados produzcan transparencia? Dada la gravedad de la situación de seguridad en el país, se esperaría que la elite política deje de comportarse como fronda y lo haga como actor de una democracia en forma.
Los números no son banales. Llegan en el momento justo en que la elite política se apresta nuevamente a designar el Fiscal Nacional, en su juego clásico de verdades dichas a medias y consultas de pasillo. Lamentablemente en medio de una crisis bastante mayor que la de hace 8 años. Los ciudadanos perciben bien donde está la responsabilidad del desastre de la seguridad. Sabe que está en la política, y mucho más allá de la simple ineficiencia policial, pues si esta existe es porque la Política no ha sabido gobernar la seguridad.
La elección de Fiscal Nacional fue en medio de una crisis del financiamiento ilegal de la política. Todo el mundo sabe cómo se cortó el tema: por el lado de la clase política, como diría Gaetano Mosca. Ministras del área política actualmente en ejercicio trabajaban en esa época en La Moneda y podrían transparentar los ejercicios de consulta que el gobierno hizo en ese momento y que hoy no debieran repetirse. Una vez seleccionado el interés a proteger -que no fue la persecución penal de los delitos- todo terminó en un empate político sin avanzar en ninguna dirección positiva. Eso es parte hoy del desprestigio que ha experimentado el Ministerio Público.
Hoy vivimos una situación parecida, pero en un ambiente de gravedad mayor: el Estado y la Política no tienen casi autoridad en materia de seguridad, y las experiencias vividas casi no sirven pues, aunque con leves cambios, los agentes políticos que deciden o inciden, son más o menos los mismos de esa época.
El problema no es encontrar un buen perfil de Fiscal Nacional. El problema es cómo impedir la apropiación privada del cargo para beneficio de pocos. Como lograr que los ministros de la Corte Suprema hagan selecciones de vocación pública, que los ministros de Estado en ejercicio, como la de Interior y la de Segpres, transparenten sus vínculos, actuales o pasados con los candidatos a Fiscal Nacional para que no quepan dudas de su convicción y condición republicanas.
Con todo, surge la pregunta sobre ¿Por qué la prensa tiene que hacer buceos de pantano para esclarecer vínculos que pudieran implicar conflictos de interés a la hora de elegir un nombre, cuando sería más fácil que los propios involucrados produzcan transparencia? Dada la gravedad de la situación de seguridad en el país, se esperaría que la elite política deje de comportarse como fronda y lo haga como actor de una democracia en forma.
Ya di mi opinión sobre el mejor candidato, que seguramente vale poco para los estándares de poder vigentes en Chile, pero que deseo repetir porque estoy convencido de ella. José Morales es la mejor carta porque viene de dentro de la institución, no de litigar la defensa de algún delincuente internacional. No pertenece a un Estudio Jurídico de amplios intereses contractuales con el Estado, en materias complejas como Defensa o temas de corrupción; tampoco ha defendido estafas piramidales. Su notoriedad sencilla de fiscal proviene simplemente de su vocación de servicio público. Eso me basta. Mientras tanto, espero que al Presidente le vaya bien en La Araucanía.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
