Son más de treinta las empresas salmoneras que actualmente operan en áreas protegidas en el extremo sur del país, pese a que éstas se encuentran afectas a una causal de caducidad por el no inicio de sus actividades dentro de los plazos establecidos en la ley, informa un reportaje de la Fundación Terrram que a continuación reproducimos en toda su extensión:
La salmonicultura ha ocupado un lugar cada vez más relevante dentro de la matriz exportadora de Chile. Según cifras del Banco Central, durante la última década casi duplicó su porcentaje sobre las exportaciones de bienes no cobre, pasando desde un 6,9% en 2010 a un 12,5% en 2021, donde alcanzó los US $5.180 millones.
El proceso de producción de salmones consta de distintas etapas: una de reproducción y cría de peces en agua dulce, que luego son trasladados a los centros de engorda instalados en el mar, donde una vez cosechados, son procesados en plantas ubicadas en tierra para finalmente ser comercializados, casi en su totalidad hacia otros países, por vía marítima y aérea.
La etapa de engorda de salmones que opera en el mar, lo hace a través de una concesión de acuicultura otorgada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), y se concentra en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, las que a su vez presentan una cantidad importante de superficie terrestre y marina declarada por el Estado como área protegida producto de su alto valor ecológico. Según la información de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), de las concesiones que la industria salmonera mantiene al interior de áreas protegidas, la gran mayoría se concentra en 3 unidades: 312 concesiones en la Reserva Forestal Las Guaitecas; 66 en la Reserva Nacional Kawésqar y 19 en el Parque Nacional Alberto De Agostini.
De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) obtenidos por Fundación Terram vía Ley de Transparencia[1], de las 397 concesiones salmoneras vigentes a enero de 2022 al interior de estas tres áreas protegidas, los titulares de 70 concesiones no iniciaron operaciones durante al menos un año desde que las respectivas Capitanías de Puerto hicieron entrega material de la misma, lo cual representa una causal para decretar su caducidad, según lo que señala el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura. A pesar de esto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), organismo a cargo de las concesiones marítimas, no decretó las caducidades establecidas en la ley, lo que ha permitido que al menos hasta diciembre de 2021, 34 centros de cultivo de salmones pertenecientes a siete empresas matrices pudieran comenzar sus operaciones de engorda de esta especie exótica al interior de áreas protegidas de la Patagonia chilena, obteniendo así ganancias millonarias.
De las 70 concesiones que habrían incurrido en esta causal de caducidad, distribuidas en la Reserva Nacional Kawésqar y la Reserva Forestal Las Guaitecas, 25 no habían registrado actividades de cultivo hasta diciembre de 2021, acumulando entre 2 y 19 años sin haber operado desde la fecha en que la SSFFAA aprobó su entrega a los respectivos titulares, mientras que otras 11 concesiones, luego de incurrir en la misma causal, registraron operaciones por menos de tres meses, periodo que sería insuficiente para completar un ciclo productivo de salmón que, dependiendo de la especie, oscila entre 14 y 22 meses en el mar.
En cuanto a la razón de por qué mantener una concesión sin actividad, y no devolverla o caducarla, cabe tener presente que estas son un bien escaso, ya que solo pueden emplazarse en determinadas zonas que el Estado estableció como Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), fuera de las cuales no es posible establecer concesiones salmoneras. Junto a esto, su valor en el mercado dependerá de su potencial productivo, el cual está determinado por sus condiciones espaciales, sanitarias, ambientales, climáticas y parámetros físico-químicos de la columna de agua.
Por lo anterior, las concesiones de acuicultura son objeto de venta o arriendo, considerándose como activos económicos en la contabilidad de las empresas, y por consecuencia, también como una garantía que usan sus titulares para solicitar créditos a los bancos o, incluso, para respaldar planes de expansión.
Las 70 concesiones que no fueron caducadas pertenecen a 9 empresas matrices y una persona natural, concentrándose el 84% del total solo entre las 4 principales beneficiadas: 24 de Australis Seafood; 15 de AquaChile; 13 de Multiexport y 7 de Blumar.
En cuanto a la forma en que se calculó la cantidad de concesiones que incurrían en esta causal de caducidad, cabe destacar que se descontaron los meses correspondientes a los periodos de descanso obligatorio decretados por la Subpesca, tal como señala la ley, como también los meses comprendidos entre marzo y noviembre de 2020, por efecto de las resoluciones N°886 y N°2305 emitidas ese año por el mismo organismo, las cuales suspendieron el plazo para configurar la causal de caducidad por no iniciar operaciones en doce meses, entre otros procedimientos, producto de la pandemia del Covid-19.
