El Servicio Nacional de Aduanas es la primera barrera de contención para impedir la penetración subrepticia del crimen organizado hacia Chile. Es algo que todos deberían tener presente. Lamentablemente, pareciera ser que los responsables andan en otra cosa, mientras el país se consume en el debate sobre su seguridad.
Con sus dispositivos fronterizos y personal pertinente, Aduanas debiera detectar los intentos de internar camuflados múltiples componentes, como armas, piezas y partes de armas, municiones del más variado calibre, drogas en todas sus variantes, insumos para drogas de diseño, que se agregan a otros bienes que si son perfectamente legales. Detectar también la subvaloración de mercancías, espacios de enlace para la transferencia de cargas hacia otras rutas para asegurar la continuidad de los embarques delictivos y muchas otras facilidades. Pero todo esto está con piloto automático, pese a que afecta el despliegue del crimen en nuestra sociedad.
En sus potencialidades, Aduanas dispone de personal regularmente capacitado y soporte tecnológico para detectar las más diversas formas de ocultamiento de contrabandos. Cuenta con información de inteligencia relativamente oportuna, completa y verídica, y enlaces y vínculos con aduanas e instituciones de otros países con las cuales intercambiar información.
Sin embargo, pese a estas capacidades, esos ingresos ilegales igualmente se concretan sin poder ser capturados en las aduanas. La autoridad reconoce esta realidad, pues los diversos medios de comunicación informan profusamente sobre la vulnerabilidad aduanera, y periódicamente se entregan cifras sobre decomisos y retenciones. Esta publicidad de cifras de la propia Aduana demuestra la intensidad con la cual el crimen organizado presiona sobre sus actividades. Las cifras ya son alarmantes y el decomiso de drogas y otros componentes sigue creciendo de manera sostenida.
Entonces, algo está mal, y la función aduanera no se está cumpliendo como debiera.
El Servicio Nacional de Aduanas requiere de una reestructuración profunda, si se desea efectivamente empezar a recuperar las instituciones nodales de la seguridad del país. Chile se ha convertido en una plaza apetecida por las grandes mafias y el crimen organizado, dada su reputación corporativa como país.
Es obvio que el crimen organizado afina cada día sus métodos, incluso buscando la ayuda funcionaria, algunos de cuyos casos ya han sido descubiertos. El crimen organizado es un negocio y dispone de múltiples recursos y proyectos de largo plazo. No son simples bandas criminales, sino estructuras a veces con alto profesionalismo, dotadas de medios suficientes para sostener su desarrollo y penetración.
Aduanas hace lo que más puede sin lograr dañar de modo eficaz el flujo de recursos y acciones criminales.
De donde resulta del todo pertinente realizar una evaluación de los servicios aduaneros, para comprobar si se hace lo que corresponde, qué podría mejorar la gestión y con ello dañar severamente la efectividad actual del crimen organizado.
Hacia donde apuntar
Un primer análisis indica que el Servicio Nacional de Aduanas presenta un conjunto de falencias que, en el escenario descrito, resultan serias y preocupantes. En materia de recursos humanos, muchos de los funcionarios del ámbito de fiscalización, carecen de una perspectiva profesional sobre la magnitud de los adversarios que tienen al frente tratando de perforar los sistemas que ellos protegen.
Un número alto no cuenta con formación en metodologías de inteligencia, análisis prospectivo de procesos, análisis táctico, procesamiento de datos, y otros similares. Algunos carecen de una noción certera de lo qué están haciendo, dónde se inserta su actividad, hacia qué procesos analíticos está aportando insumos y experiencia. Tales carencias se pueden resumir en falta de una cultura profesional de inteligencia, carencia de una atención seria y metódica de los mandos y ausencia de una definición precisa y permanente de las misiones. Lo que, para ser verídicos, no es raro en el país.
Asimismo, resulta relevante destacar la ausencia de una preocupación seria para enfrentar los riesgos de corrupción manteniendo un control básico de vínculos riesgosos del personal. El servicio carece de procesos que se activen para prevenir y conjurar los intentos de reclutamientos de su personal por parte del crimen organizado.
El peso de sus tradiciones, de antiguas rutinas, la presión de los vínculos políticos, la defensa corporativa por parte de las instituciones gremiales del personal, de existencia natural por cierto, no tienen una contrapartida institucional que impida que ello se transforme en una barrera que impide que el personal esté debidamente protegido. Las razones esgrimidas son evitar un escenario de “caza de brujas”, y revelan una porosidad potencial ante las metodologías empleadas por las mafias internacionales para buscar apoyo, información, o colaboradores clandestinos.
Si Aduanas no se defiende frente a estos riesgos y eventuales ataques, y dada la conflictividad en las relaciones con las policías, quedará indefensa frente a los hechos. Si un ejecutivo superior, digamos el Subdirector Nacional de Fiscalización, desvincula a un funcionario que diagnostica e instruye al personal sobre los riesgos descritos, y lo hace bajo el argumento que “no sabe qué está haciendo”, se debieran encender todas las alarmas frente a una posible perforación del sistema. Si ese mismo Sub Director es mantenido o ascendido en su puesto, significa que hay compromisos políticos que no se pueden obviar aunque dañen severamente a la institución, o simplemente ella está fuera de control y tal vez perforada de corrupción.
El Servicio Nacional de Aduanas requiere de una reestructuración profunda, si se desea efectivamente empezar a recuperar las instituciones nodales de la seguridad del país. Chile se ha convertido en una plaza apetecida por las grandes mafias y el crimen organizado, dada su reputación corporativa como país.
Pero eso, después de un par de escándalos bullados, la corrupción funcionaria y la inacción de las autoridades, se esfuma rápidamente, y luego será imposible detener la expansión de la delincuencia de alto nivel en Chile. Las respuestas las deben dar las autoridades, especialmente las del propio Servicio Nacional de Aduanas.
