Chile es un Estado laico. Así lo establece su historia constitucional y así lo exige la convivencia democrática: el Estado no tiene religión. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo acaba de incorporar, por primera vez, una línea específica dentro del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N°27) para construir Centros Comunitarios de Culto.
Son 143.800 UF, cerca de $5.900 millones, para 22 proyectos a nivel nacional, con hasta 5.450 UF (unos $223 millones) por templo. El ministro Iván Poduje lo celebra como «una demanda muy sentida», y aclara que solo el 25% del espacio será para culto y el resto para uso comunitario.
La pregunta es de prioridad, no de fe. Nadie discute el rol social que muchas iglesias cumplen en barrios vulnerables. Lo que se discute es de dónde sale la plata y en qué momento.
Porque estos $5.900 millones salen del MINVU, el mismo ministerio que debe enfrentar un déficit habitacional crítico, con cientos de miles de familias esperando casa. «Estamos hablando de recursos del Ministerio de Vivienda, en un contexto de recortes y con cientos de miles de familias esperando una solución habitacional», advirtió la diputada Ana María Gazmuri.
Y el contraste es brutal. Mientras se crean fondos inéditos para templos, el Gobierno aplica un ajuste fiscal de US$6.200 millones. El sector más golpeado es salud pública, con una merma del 2,5% del presupuesto, unos US$486 millones. La Circular N°16 de Hacienda ordenó recortar $431 mil millones al Minsal, proponiendo descontinuar 24 programas -entre ellos cuidados paliativos, salud mental comunitaria, prevención del suicidio- y recortar en 15% otros 20, incluyendo vacunas y alimentación complementaria para embarazadas y niños.
En niñez, el golpe es similar: $32.721 millones menos para Desarrollo Social y Familia y $12.748 millones menos para el Servicio de Protección a la Niñez. Y aunque el Gobierno dice que «no va a haber ningún tipo de recorte alimentario», la propia Dipres recomendó descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, que alimenta a 2 millones de niños y maneja más de $1.061.028 millones.
¿De verdad un Estado laico, con hospitales sin insumos y niños en lista de espera, puede darse el lujo de destinar casi $6 mil millones del presupuesto de vivienda a levantar iglesias? El senador Fidel Espinoza recordó lo obvio: los recursos públicos deben orientarse a objetivos de interés general.
No se trata de estar contra la fe. Se trata de estar a favor del orden de las urgencias. Primero los techos para vivir, los remedios para sanar y el pan para los niños. Después, los templos.
Porque cuando el Estado confunde su rol y financia credos particulares con plata de todos, deja de ser laico y deja de ser justo.
