Este medio ya documentó cinco canales de riego rotos: la primera hora robada, la primera infancia sin comunidad, el cuidado que nadie remunera, la caída de la natalidad que esos tres explican, y la educación afectiva que nunca llegó a tiempo para la adolescencia. Cinco heridas distintas, pero una misma lógica: un sistema que escucha, registra, diagnostica — y no repara. Esta semana, una cifra oficial obliga a nombrar un sexto canal, y este no admite ya la lectura contemplativa de los anteriores.
El sexto canal no se rompe en el silencio. Se rompe después de la alarma.
Chile registró, durante 2025, 330 femicidios frustrados. De esas 330 mujeres que sobrevivieron, más de la mitad —𝟓𝟎,𝟗%— ya había denunciado a su agresor antes del ataque. La denuncia es, con toda precisión técnica, una alarma: un mecanismo diseñado para que alguien, en algún puesto del Estado, la escuche y actúe antes de que sea tarde. De ese grupo de mujeres que sí hicieron sonar la alarma correctamente, solo el 𝟏𝟐,𝟒% 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿 𝘃𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 en el momento en que intentaron matarla. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, lo dijo sin metáfora posible: «en muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12% se decretaron medidas cautelares».
Léase con el mismo rigor con que este texto ha leído los otros cinco canales: no estamos frente a un árbol que nunca aprendió a pedir agua. Estamos frente a un árbol que sí hizo sonar la alarma con toda claridad, y frente a un centinela —el sistema de protección cautelar— que la escuchó sonar, la registró en un expediente, y volvió a dormirse. 𝗡𝗼 𝗳𝘂𝗲 𝘂𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝘀𝗼𝗿𝗱𝗼. 𝗙𝘂𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗶𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗶ó, 𝘂𝗻𝗮 𝘆 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇, 𝗻𝗼 𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗹𝗹𝗮. Es distinto, y por eso duele terrible y distinto.
Las primeras cinco sorderas hablan de un país que no riega a tiempo porque nunca instaló el sistema de riego. Esta sexta habla de algo más grave: un país que sí instaló la alarma, que sí la escuchó sonar, y que aun así dejó al centinela dormido en el turno más importante de todos — el que decide si alguien sigue con vida o no. 𝗘𝘀 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗰𝘂𝘀𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗼í𝗱𝗼. Solo puede excusarse, si acaso, en no haberse levantado a tiempo.
El gobierno presentó, hace apenas una semana, un proyecto de ley que busca que romper una tobillera de monitoreo deje de tipificarse como daño material y se castigue como lo que en realidad es: desacato de una orden judicial, con posibilidad de prisión preventiva. Es una reparación correcta del canal roto. Pero, como con la Ley Adriana y la hora sagrada, llega después de que el agua ya se perdió sobre la tierra agrietada, no antes.
Aquí también aplica la misma regla del balance social estructural que este texto ya propuso para la primera hora y el cuidado no remunerado: la protección cautelar no puede depender de la voluntad discrecional de un tribunal saturado ni del ciclo noticioso que la visibiliza por unos días. Necesita financiamiento sostenido, fiscalización automática, y consecuencias reales e inmediatas para su incumplimiento — no como gesto de mano dura, sino como 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮, exactamente en el mismo sentido en que este texto ya llamó «precio de la ternura» a proteger la primera hora y remunerar el cuidado.
El árbol que denuncia ya hizo su parte. Ya hizo sonar la alarma con la claridad más alta que el sistema le permite. La sexta sordera no es la historia de esa alarma fallando. Es la historia del centinela que, turno tras turno, sigue sin despertar a tiempo. Y un país que instala alarmas pero no despierta a sus centinelas no ha resuelto su sordera: solo la ha vuelto más cara de excusar, y más mortal de sostener.
