«Hace poco más de una semana el presidente argentino, Javier Milei, dedicó parte de su tiempo a atacar a los profesionales de la prensa. Con llamados del tipo “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y alusiones escatológicas de mal gusto, el mandatario usó las redes sociales para descargar su odio contra las publicaciones en su contra», señala una declaración pública emitida por el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile.
La comunicación puntualiza que en el medio Perfil se cita que entre el 17 y el 23 de agosto, el presidente trasandino replicó 335 mensajes contra la prensa y escribió otros 26. Con un resultado de 361 publicaciones, 16 periodistas señalados con nombre y apellido y al menos nueve medios agredidos. La bastedad quedó registrada en frases y conceptos como “sicarios del micrófono”, “simios”, “imbéciles”, “corruptos”, “ensobrados”, “basura” y «mierdas humanas». El sitio mileiinsultaenx.fopea.org muestra que la descalificación es parte de la política comunicacional de la Casa Rosada.
El Consejo Metropolitano constató «con preocupación el deterioro de las condiciones básicas para el ejercicio periodístico en la República Argentina. El Foro de Periodismo Argentino registró en 2025 un total de 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde el inicio de ese monitoreo en 2008, y atribuyó 119 de ellos al presidente de la Nación. En el mismo período se contabilizaron diversas acciones judiciales contra periodistas. Reporteros Sin Fronteras situó a Argentina en el lugar 98 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, con un retroceso de once posiciones respecto del año anterior».
«El derecho a la información», recuerda el Colegio, «no constituye una prerrogativa corporativa de los profesionales de la comunicación. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada tanto por Chile como por Argentina, protege una dimensión individual y una dimensión social: el derecho de toda persona a expresar su pensamiento y el derecho de la sociedad a recibir información. La afectación del trabajo periodístico compromete directamente el segundo de estos derechos y, con ello, la calidad del debate democrático».
Agrega que «el respeto a las y los profesionales de la comunicación es una obligación de las autoridades públicas, no una concesión discrecional. La descalificación de periodistas por parte de las autoridades del gobierno genera efectos verificables en el ejercicio de la profesión: hostigamiento digital amplificado, exposición a represalias y autocensura. Así lo han advertido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y organismos internacionales de derechos humanos».
Sobre la visita que hará esta semana el presidente argentino a nuestro país, la orden gremial pidió al Gobierno de Chile «que garantice plena cobertura durante el desarrollo de la visita de Javier Milei a nuestro país, asegurando el acceso de la prensa acreditada a todas las instancias públicas de la agenda, sin distinciones fundadas en la línea editorial de los medios ni en la identidad de las y los profesionales que ejerzan la cobertura».
Finalmente, el Colegio reafirmó que «la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública constituyen estándares interamericanos exigibles a todos los Estados de la región con independencia de la orientación política de sus gobiernos».
