El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este lunes la sentencia definitiva de 308 tomos en contra de 17 personas imputadas por el denominado «megafraude de Fonasa». Entre los condenados se encuentran nueve médicos de nacionalidad extranjera, quienes formaban parte de una organización criminal dedicada a la emisión masiva de licencias médicas falsas.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el perjuicio económico provocado al sistema público de salud se cifró oficialmente en $31.571.798.643. No obstante, el Ministerio Público advirtió que el monto real defraudado podría ser superior a los $50 mil millones de pesos al considerar otros centros médicos que no formaron parte de este juicio. Las operaciones ilícitas se desarrollaron entre los años 2020 y 2022, periodo en el que se emitieron cerca de 80 mil licencias fraudulentas.
Cárcel efectiva y multas millonarias
El tribunal decretó que 11 de los 17 condenados deberán cumplir penas de presidio efectivo. La sanción más alta recayó sobre uno de los facultativos, quien recibió una condena que supera los 21 años de cárcel. Otros médicos involucrados fueron sentenciados a cumplir penas de 16, 15 y 13 años de presidio.
Dentro de las condenas de cárcel efectiva destaca el caso del médico Samir Enrique Rivaldo Hernández, sindicado como el emisor de unas 16 mil licencias médicas falsas. El tribunal lo condenó a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, sumando cinco años de reclusión menor en su grado máximo por el delito reiterado de emisión de licencias falsas y tres años de presidio menor por el delito de asociación ilícita. Adicionalmente, se le impuso una multa de $2.566 millones de pesos.
Por su parte, seis de los acusados que correspondían a compradores de licencias y captadores que decidieron ir a juicio oral fueron sentenciados a penas de un poco más de cuatro años de presidio. Al no superar el límite legal de cinco años, se les otorgó el beneficio de cumplir sus condenas bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.
Centros de fachada y lavado de activos
El Ministerio Público logró acreditar que la red criminal funcionaba mediante la creación de diversos centros médicos que operaban como fachada únicamente para emitir las licencias fraudulentas. El tribunal dictó condenas por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Tras conocerse el dictamen, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, manifestó su conformidad con la resolución. El persecutor destacó la relevancia del juicio para la protección de la fe pública y el resguardo de los recursos de Fonasa, señalando que «el patrimonio fiscal en el caso del Fondo Nacional de Salud se trata del patrimonio de todos los chilenos». En tanto, la fiscal regional Lorena Parra calificó la sentencia como un hecho histórico por el nivel de daño provocado a la red de salud.
Hacia el cierre del juicio se registró un percance administrativo en el tribunal, luego de que una de las magistradas del caso optara por inhabilitarse voluntariamente debido a que enfrenta un proceso de expulsión del Poder Judicial tras haber viajado al extranjero haciendo uso de un permiso de salud.
