El Ejecutivo inició conversaciones con parlamentarios para evaluar la viabilidad de presentar un proyecto de ley que postergue en un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, cuerpo legal que fue despachado por el Congreso en agosto de 2024. La normativa, que originalmente debe comenzar a regir el próximo 1 de diciembre, establece exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas privadas sobre el tratamiento de información privada y reconoce formalmente los derechos de los titulares de dichos datos.
La propuesta de aplazamiento surge luego de que diversos gremios de grandes empresas argumentaran una falta de certeza jurídica debido a que la agencia estatal encargada de supervisar la materia aún no ha sido implementada, pese a que debió estar operativa a más tardar el pasado 1 de junio de 2026. Al respecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que se busca que la implementación de esta importante ley sea de la mejor forma posible, confirmando que están dialogando con legisladores para definir si se requiere más tiempo.
El diseño preliminar que maneja el Gobierno apunta a que la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) empiece a operar el próximo 1 de diciembre de 2026, pero que la vigencia general de la ley se desplace al 1 de diciembre de 2027, sin descartar un plazo de postergación algo menor si no se logra el respaldo necesario en el Congreso.
La urgencia por implementar adecuadamente el marco regulatorio radica en el nuevo régimen de infracciones que contempla la ley, el cual establece sanciones que van desde los 358 millones de pesos hasta los 1.400 millones de pesos. Dichas multas podrían incluso triplicarse o alcanzar el 4% de los ingresos anuales por ventas de las firmas en casos de reincidencia o agravantes detectados por la agencia.
Sin embargo, la puesta en marcha de este organismo fiscalizador se encuentra paralizada tras el rechazo del Senado en mayo pasado a la terna de consejeros propuesta por el Ejecutivo, debido a que los candidatos no representaban las distintas sensibilidades del mundo político. A esto se suma la dificultad declarada por el Ejecutivo para reclutar profesionales aptos por las estrictas normas de incompatibilidad y exclusividad laboral, frente a remuneraciones brutas mensuales estimadas en 6 millones de pesos para consejeros y 7,1 millones para el presidente de la entidad. Estos sueldos se ubican por debajo del promedio de jefaturas de servicios fiscalizadores comparables, las cuales alcanzan montos recomendados de hasta 13,5 millones de pesos según un informe de la comisión asesora de 2025.
Para resolver este entramado, el Gobierno planea ingresar el proyecto de ley la próxima semana, el cual no solo aplazaría la vigencia sino que propondría ajustes para facilitar la instalación de la agencia, entre los que se estudia aumentar el número de consejeros de tres a cinco. De igual forma, se evalúa incrementar el salario de los consejeros mediante una nueva interpretación administrativa de la norma actual para evitar modificaciones legales adicionales.
La alternativa de postergación ya genera posturas divididas en el Congreso. El senador Matías Walker manifestó su rechazo tajante al proyecto, calificando de inaceptable suspender la aplicación de la ley debido a la incapacidad del poder político para acordar los nombres del consejo. En contraste, Marcelo Drago, presidente de la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales (AGPD), consideró positivas las medidas analizadas tras sostener una reunión de trabajo en La Moneda con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
El Ejecutivo espera zanjar definitivamente los detalles de la iniciativa tras una reunión de coordinación que sostendrán antes de este viernes los ministros García Ruminot y Daniel Mas, con la expectativa de realizar el anuncio oficial durante la próxima semana.
