Hay gobiernos que llegan al poder prometiendo gobernar para todos. Y hay otros que, con el paso de los meses, van dejando cada vez más claro quiénes son sus verdaderos interlocutores.
La megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast parece haber respondido esa pregunta.
Mientras para los grandes inversionistas aparecen certezas, rebajas tributarias e invariabilidad de las reglas del juego, para las familias endeudadas y las pequeñas empresas la certeza parece ser otra: que cuando llegue la hora de pagar, tendrán que pagar hasta el último peso.
Porque resulta difícil no advertir la contradicción.
A las grandes empresas se les reduce gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% al 23%. A los grandes inversionistas se les ofrece invariabilidad tributaria durante largos períodos. Y, al mismo tiempo, algunos obtienen beneficios con el no pago de contribuciones.
Todo esto bajo el argumento de que hay que incentivar la inversión.
Perfecto. Nadie razonable puede estar en contra de la inversión. El problema comienza cuando el incentivo se transforma en privilegio y cuando la certeza jurídica parece tener una velocidad para el gran capital y otra completamente distinta para el ciudadano común.
Y aquí hay algo que el Gobierno parece olvidar convenientemente: las pequeñas y medianas empresas no son un actor secundario de la economía chilena.
Las MiPymes representan cerca del 88% del universo empresarial del país y generan entre el 60% y el 65% del empleo formal. Son la columna vertebral del empleo, del comercio y de la actividad económica cotidiana.
Son el almacén de barrio, el taller, el restaurante, el emprendimiento familiar, la pequeña empresa de servicios y el proveedor que muchas veces trabaja para una compañía mucho más grande.
Y, sin embargo, cuando hablamos de ellas, la palabra que aparece no es «invariabilidad».
Es «espera».
Espera para que les paguen.
Espera para acceder a financiamiento.
Espera para recuperar una factura.
Espera para salir de una deuda.
Mientras al inversionista de millones de dólares se le promete estabilidad tributaria, una pyme puede estar esperando meses para que le paguen por un trabajo que ya realizó.
Mientras se discuten incentivos para atraer grandes capitales, miles de pequeños empresarios saben perfectamente lo que significa vender hoy y cobrar mañana.
Y mientras se protege al gran capital de cambios tributarios durante años, a una familia endeudada nadie le garantiza que su deuda no siga creciendo como una bola de nieve.
Ahí aparecen los vetos presidenciales.
El Gobierno consiguió eliminar de la megarreforma la prohibición absoluta del anatocismo, el derecho al olvido financiero y las restricciones para pactar plazos de pago superiores a 30 días. El Senado aprobó los tres vetos el 12 de agosto.
Dicho en simple: se retiraron herramientas que buscaban limitar los intereses sobre intereses, proteger a personas de quedar eternamente marcadas por sus deudas y fortalecer la regla de pago oportuno a las MiPymes.
Y aquí es donde la discusión deja de ser técnica.
Porque para una gran empresa, una tasa, una deuda o un plazo de pago pueden ser una variable más dentro de un balance.
Para una pequeña empresa, que le paguen a 30 días o a 120 puede significar tener que pedir un crédito para pagar los sueldos de sus propios trabajadores o simplemente cerrar.
Para una familia endeudada, que los intereses se acumulen sobre los intereses puede ser la diferencia entre salir adelante o quedar atrapada durante años.
Y entonces aparece una pregunta incómoda:
¿Por qué la certeza parece estar garantizada para el gran inversionista, pero no para el pequeño empresario ni para el deudor?
Pero la historia no termina ahí.
En medio de esta discusión apareció otro episodio que resulta todavía más difícil de explicar.
La megarreforma incorporó una norma destinada a impedir que, en zonas declaradas en estado de catástrofe, una familia o una MiPyme quede sin servicios básicos por una deuda.
La disposición establece que las empresas concesionarias deben reponer gratuitamente los servicios: electricidad y gas en un máximo de 48 horas, y agua potable y alcantarillado en un máximo de 24 horas. Además, prohíbe cobrar por la reconexión.
No estamos hablando de regalarle la cuenta a nadie.
Estamos hablando de algo tan básico como que, en medio de una catástrofe como las que recientemente golpearon a Atacama y Biobío, una familia o una pyme no quede sin agua, luz o gas porque tiene una deuda pendiente. Porque cuando una casa está inundada, un barrio está aislado o una comunidad intenta volver a levantarse, la prioridad del Estado debería ser recuperar la vida normal de las personas, no profundizar su vulnerabilidad.
Y estamos hablando, además, de las mismas MiPymes que el país necesita para reconstruir después de un desastre.
Sin embargo, el Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir la aplicación de esta norma.
El argumento jurídico es que la disposición estaría fuera de las ideas matrices del proyecto y que, por esa razón, infringiría la Constitución.
Puede discutirse jurídicamente.
Lo que resulta mucho más difícil de explicar políticamente es la oportunidad.
Porque el requerimiento fue presentado en plena etapa final de la tramitación de la megarreforma. Y mientras el Congreso terminaba de votar los vetos, el Gobierno ya había llevado este punto al TC.
Más aún: el propio biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, reconoció que no había sido informado del ingreso del requerimiento, señalando que simplemente “a alguien se le pasó tomar el teléfono”.
¿Descoordinación?
¿Falta de comunicación?
¿Una decisión deliberadamente mantenida en reserva?
No tengo cómo afirmar lo último como un hecho.
Pero sí hay una pregunta que el Gobierno debería responder:
¿Por qué una decisión tan relevante, que afectaba directamente el contenido de una norma que estaba siendo discutida y votada por el Congreso, no fue comunicada oportunamente a todos los actores políticos que participaban de la tramitación?
Porque la transparencia no consiste solamente en cumplir con presentar un documento ante el TC.
También consiste en que quienes están tomando decisiones conozcan toda la información relevante antes de votar.
Y si el Gobierno sabía que iba a recurrir al Tribunal Constitucional contra una norma aprobada por el Congreso, la pregunta es todavía más sencilla:
¿Por qué no lo dijo antes?
Hay algo profundamente simbólico en todo esto.
Chile ha vivido incendios, terremotos, inundaciones y otras catástrofes. Sabemos que después de una emergencia no basta con reconstruir casas.
Hay que reconstruir vidas.
Y una casa sin electricidad no es una casa completamente habitable.
Una familia sin agua no puede esperar una discusión administrativa.
Una persona electrodependiente no puede esperar a que termine una disputa jurídica.
Una pequeña empresa que intenta volver a funcionar después de un incendio no puede enfrentar, además, la amenaza de permanecer desconectada por una deuda.
Por eso esta norma tenía una lógica sencilla: en una zona de catástrofe, primero se recupera la vida y después se discute la deuda.
El Gobierno decidió llevar esa lógica al Tribunal Constitucional.
Y eso permite entender mejor el contraste de toda la megarreforma.
Para los grandes inversionistas: estabilidad.
Para las grandes empresas: rebaja tributaria.
Para las grandes inversiones: invariabilidad.
Para los pequeños: plazos de pago que pueden seguir extendiéndose.
Para los endeudados: menos protección frente al anatocismo.
Para quienes arrastran una deuda antigua: menos protección frente al historial financiero.
Y para quienes viven una catástrofe: incluso la posibilidad de quedar sin servicios básicos puede terminar dependiendo de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.
Entonces la pregunta deja de ser solamente cuánto recauda el Estado.
La verdadera pregunta es:
¿Para quién está diseñado este Estado?
Porque los impuestos no son un castigo al que le va bien. Son el precio de vivir en una sociedad organizada.
El gran capital también utiliza carreteras, puertos, tribunales, policías, hospitales, universidades, infraestructura y servicios públicos.
La diferencia es que, en esta discusión, pareciera que algunos quieren disfrutar de todos los beneficios del Estado y reducir al mínimo su aporte a financiarlo.
Y eso tiene un nombre: privilegio.
Un gobierno puede defender legítimamente una economía de mercado.
Puede creer que bajar impuestos genera inversión.
Puede apostar por el crecimiento.
Puede defender la iniciativa privada.
Todo eso es legítimo.
Lo que no puede hacer, sin asumir el costo político, es pedir sacrificios a algunos mientras entrega certezas y beneficios extraordinarios a otros.
Porque entonces ya no estamos hablando solamente de una reforma tributaria.
Estamos hablando de una concepción de sociedad.
Una sociedad donde el gran inversionista tiene invariabilidad, pero la pyme tiene incertidumbre.
Donde la gran empresa recibe una rebaja tributaria, pero el pequeño empresario debe financiar su negocio mientras espera que le paguen.
Donde se protege al capital de futuros cambios tributarios, pero no necesariamente a una familia frente al crecimiento de su deuda.
Y donde, en medio de una catástrofe, el Estado parece estar más preocupado de proteger la lógica financiera de las empresas concesionarias que de garantizar que una familia tenga agua, luz y gas.
Por eso el título deja de ser una provocación.
Gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos.
No porque todos quienes forman parte del Gobierno sean ricos.
No porque toda política proinversión sea mala.
Y tampoco porque bajar impuestos sea, por definición, incorrecto.
Sino porque cuando uno observa el conjunto de las decisiones aparece una pregunta que el Gobierno todavía no responde:
¿Quién está primero cuando llega la hora de repartir los beneficios y quién está primero cuando llega la hora de asumir los costos?
Porque si la respuesta siempre termina favoreciendo al que más tiene, entonces ya no estamos hablando simplemente de una megarreforma.
Estamos hablando de una megaseñal.
Y esa señal parece decir que en el Chile de Kast hay ciudadanos a los que se les pide esperar, pagar y sacrificarse.
Y otros a los que se les ofrece algo mucho más valioso: certeza.
La certeza de que, pase lo que pase, alguien siempre estará dispuesto a defenderlos.
