Hay una imagen que me persigue desde que leí el proyecto «Escucha su corazón»: una niña, violada, sentada en una camilla, obligada a escuchar un latido antes de que le permitan decidir sobre su propio cuerpo. Y al lado, casi como una nota al pie que nadie quiere mirar, el mismo diputado que impulsa esa idea con la solemnidad de quien defiende lo sagrado, resulta que dejaba a su señora y a su hijo cargar bencina con la tarjeta que el Congreso (todos nosotros) le paga a él, y solo a él, para hacer su trabajo. La vida es innegociable, dicen. El erario, en cambio, tiene bastante más flexibilidad.
Vamos por parte, porque el tema lo merece.
El proyecto lo presentaron en junio de este año diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, con Cristóbal Urruticoechea a la cabeza. La idea, en el papel, suena casi razonable: informar. Pero basta leer la letra chica para entender que no es información, es una zancadilla. La mujer puede «declinar libremente» escuchar los latidos del feto, sí, pero si declina, el médico queda obligado a no hacer el aborto igual. O sea, no es una opción, es una puerta que se cierra con nombre bonito. Y esto aplica —al menos en la versión que finalmente se presentó— a mujeres y niñas que fueron violadas, o que cursan un embarazo inviable. No al riesgo de vida de la madre, ojo, ese quedó fuera. Como si esa vida importara menos.
La ex ministra de la mujer y equidad de género Antonia Orellana lo llamó «crueldad legislativa». Y no exagera: obligar a alguien que ya está pasando por lo peor que le puede pasar a un ser humano a atravesar además un ritual pensado para quebrarla emocionalmente, no es informar, es castigar. Hasta parlamentarios de la propia coalición de gobierno se bajaron del proyecto, incómodos. Cuando tu propia trinchera se aleja, algo dice eso del proyecto.
Ahora, lo que produce más rabia no es solo el proyecto en sí —que ya es suficientemente grave—, sino la sospechosa elasticidad de esa moral tan estricta apenas se mira para otro lado. En noviembre de 2022, CIPER publicó una investigación que reveló que la esposa de Urruticoechea usó, al menos 38 veces, la tarjeta de combustible que la Cámara de Diputados le entrega a él, exclusivamente, para su trabajo legislativo. Su hijo también cargó bencina con esa misma tarjeta. El reglamento no deja espacio para interpretaciones raras: esa plata es para el diputado y sus asesores, en ejercicio de sus funciones, punto. Él salió a decir que todo estaba en orden, que era una campaña de «la prensa de izquierda». Después, en 2024, su expareja reconoció que usó esas tarjetas durante casi cinco años. Hoy hay una investigación abierta en la Fiscalía de Valparaíso.
Entonces uno se pregunta, sin necesidad de levantar la voz: ¿por qué a una niña violada se le exige atravesar un ritual emocional para demostrar que merece ejercer un derecho reconocido por la ley, mientras el uso de recursos públicos destinados exclusivamente al trabajo parlamentario parece admitir explicaciones infinitamente más indulgentes? ¿Dónde quedó ese rigor moral implacable cuando las preguntas apuntaron a la propia billetera? La respuesta es incómoda, pero evidente: para ciertos sectores, la moral no es un principio, sino un instrumento. Se aplica con toda su dureza sobre el cuerpo y las decisiones de los demás, pero se vuelve sorprendentemente flexible cuando toca examinar privilegios, beneficios o posibles abusos propios. Ahí los sermones se apagan, las certezas se relativizan y la indignación moral entra en un oportuno silencio.Y por si esto fuera poco, casi en paralelo, otro episodio terminó de cerrar el círculo de esta hipocresía con moño. Joaquín Lavín —ex alcalde de Las Condes, dos veces candidato presidencial y miembro supernumerario del Opus Dei— lanzó este mes «Santos x Chat», una app que, por una suscripción mensual de entre 6 y 8 mil pesos, te deja «conversar» por WhatsApp con inteligencia artificial que simula ser la Madre Teresa de Calcuta, Josemaría Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina o Carlo Acutis. Sí, leyeron bien: le pusieron modelo de suscripción a la conversación con los santos. Más caro que Netflix, como tituló algún medio con la ironía que el caso se merecía.
No tengo nada en contra de la fe de nadie, y tampoco creo que haya algo malo en que alguien busque consuelo espiritual, ni siquiera en que lo busque con ayuda de un chatbot si eso le hace bien. El problema es otro: es la misma gente que defiende que la fe es un mandato absoluto, trascendente, no negociable —tan no negociable como para imponérselo a una niña violada—, la que después no tiene ningún problema en empaquetarla, ponerle un precio mensual y venderla como si fuera un plan de streaming. La fe, cuando conviene, es sagrada e inapelable para la vida de otros. Cuando conviene de otra forma, es simplemente un buen negocio.
Lo que conecta estas historias no es la religión en sí misma —que muchísima gente vive con total coherencia y sin usarla nunca para someter a nadie—, sino la forma en que un sector político la saca a pasear solo cuando le sirve. La usan para pararse en un pedestal moral y decidir qué puede hacer una mujer con su cuerpo, pero la guardan bajo llave cuando toca rendir cuentas por la plata pública, y la sacan a vender por suscripción cuando hay un dinero de por medio. Esa es la verdadera crueldad: no tanto la del latido obligatorio, sino la de moralizar la vida ajena mientras la propia se administra con una vara completamente distinta.
Al final, lo que une estas historias no es Dios.
Es la coherencia que falta en quienes dicen hablar en su nombre.
Porque una moral que solo sirve para juzgar al otro, pero nunca para examinarse a sí mismo, deja de ser una convicción. Se convierte, simplemente, en una herramienta de conveniencia.
Jorge Andaur V.
