La trágica muerte de un niño de 12 años, quien falleció tras ser arrastrado por kilómetros luego de quedar atrapado en su cinturón de seguridad durante una encerrona, ha provocado una fuerte reacción del alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). El jefe comunal endureció su discurso frente a la crisis de seguridad y solicitó formalmente la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia en su comuna, asegurando que «es de toda lógica que lo hagan» ante la falta de capacidad de respuesta actual.
Visiblemente afectado por el hecho, White manifestó su frustración por el aumento de hechos violentos en la zona, señalando que «no sé qué más tiene que pasar» tras recordar casos recientes de menores baleados en la comuna. Según el alcalde, la sensación predominante es que los delincuentes actúan con total impunidad mientras el Estado carece de acciones concretas. «Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que militares colaboren en tareas de copamiento, porque aquí el problema que hay es que no tenemos capacidad de respuesta, esa es la verdad», enfatizó la autoridad.
El edil cuestionó la demora en utilizar los recursos de las Fuerzas Armadas frente a lo que definió como un «enemigo en común que se llama crimen organizado». En su diagnóstico, White advirtió que el aparato estatal está siendo superado y que, ante la escasez de dotación policial, la fuerza de tarea militar debería actuar como una colaboración necesaria. Además, lamentó la falta de avances en proyectos locales, como la construcción de una nueva tenencia de Carabineros, lo que a su juicio agrava la vulnerabilidad del sector donde ocurrió la fatal encerrona.
La petición de White ha encontrado eco en otros sectores políticos. El excandidato presidencial Franco Parisi respaldó el emplazamiento, señalando que varios alcaldes han solicitado sacar a los militares a la calle y que él, de estar en el gobierno, no dudaría en apoyar una intervención bajo un Estado de excepción constitucional. Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se sumó a las presiones hacia el Ministerio de Seguridad, afirmando que «efectivamente se podría usar a las Fuerzas Armadas, no hay que tenerles miedo», ya que en democracia son parte del sistema de seguridad.
Desde el Ejecutivo, la respuesta inicial ha sido de reconocimiento de responsabilidades. Mientras el Presidente José Antonio Kast admitió que «no hay cifras que supla el dolor de una familia», el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue categórico al reconocer que, en el caso del menor fallecido en San Bernardo, «el Estado falló». Sin embargo, parlamentarios de oposición y del propio oficialismo han criticado la gestión gubernamental, exigiendo que se pase de la retórica a la acción y se implementen medidas concretas que logren bajar los índices de delincuencia.
