Hace una semana escribí una columna en tono de ironía. Decía que cualquier lunes despertaríamos y descubriríamos que el Tren de Aragua tenía RUT de empresa.
La realidad decidió superar la ironía.
Esta semana conocimos que una estructura vinculada al Tren de Aragua creó en Chile su propia plataforma de criptomonedas. Una fintech instalada en Providencia, inscrita ante la Comisión para el Mercado Financiero, que ofrecía transformar pesos chilenos en dólares digitales para transferirlos a cualquier parte del mundo. Según las investigaciones, la plataforma formaba parte del sofisticado esquema utilizado para lavar millones de dólares provenientes de secuestros, extorsiones, trata de personas y narcotráfico.
Lo más inquietante no es sólo la existencia de la plataforma.
Es que ya no estamos hablando de una banda escondida en campamentos o pasos fronterizos clandestinos.
Estamos hablando de una organización criminal capaz de constituir empresas, contratar profesionales, relacionarse con el sistema financiero y aprovechar vacíos regulatorios para mover dinero con apariencia de legalidad.
Durante años imaginamos al crimen organizado como un enemigo externo.
La realidad demuestra que el crimen aprendió a vestirse de empresario.
Y ese fenómeno coincide con algo aún más preocupante: la degradación progresiva de nuestras instituciones.
Porque mientras el Tren de Aragua perfeccionaba mecanismos para infiltrar la economía formal, Chile descubría una sucesión interminable de escándalos de corrupción.
En apenas una semana fueron detenidos ocho carabineros en Atacama por falsificación, dos carabineros en Valdivia por comercio ilegal de productos del mar, cinco gendarmes en Coquimbo por tráfico de drogas y seis carabineros en Talca por robos.
Diecinueve funcionarios de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley involucrados en distintos delitos en sólo siete días.
Y eso sin contar los casos que ya arrastran investigaciones desde hace meses o años: funcionarios de la PDI vinculados a hechos de corrupción, integrantes de las Fuerzas Armadas relacionados con tráfico de drogas, alcaldes formalizados, senadores y diputados acusados de fraude al fisco y una larga lista de escándalos que parecen no terminar nunca.
Los casos cambian. Los nombres cambian.
Pero el patrón se repite.
Y quizás ningún caso representa mejor esta crisis que el caso Hermosilla.
Porque Hermosilla no es solamente una investigación penal.
Es una radiografía del poder en Chile.
Durante años se instaló la idea de que existía un país visible, donde los ciudadanos debían cumplir reglas, esperar turnos y someterse a los procedimientos establecidos.
Y otro país invisible.
Un país de llamados telefónicos, favores, contactos privilegiados, influencias cruzadas y acceso reservado.
Las conversaciones conocidas en el denominado Caso Audios mostraron algo mucho más grave que una eventual comisión de delitos. Mostraron una cultura. Una forma de entender el poder donde las instituciones dejan de ser organismos al servicio de todos y pasan a convertirse en herramientas al servicio de algunos.
Lo verdaderamente devastador del caso no son los nombres involucrados.
Es la sospecha que deja instalada.
La sospecha de que existían redes capaces de influir en decisiones judiciales, administrativas y políticas mediante relaciones personales, favores y tráfico de influencias.
Y cuando la ciudadanía comienza a sospechar que la justicia no opera igual para todos, el daño es inmenso.
Porque la confianza es el principal activo de una democracia.
Sin confianza, las leyes pierden legitimidad, sin confianza, las instituciones dejan de ser respetadas, sin confianza, la corrupción deja de ser una excepción para transformarse en una expectativa.
Eso es precisamente lo que estamos observando.
Cada nuevo escándalo ya no sorprende, cada nuevo caso parece confirmar el anterior.
Y esa normalización es quizás el síntoma más peligroso de todos.
Por eso resulta tan difícil comprender algunas decisiones políticas recientes.
Mientras el país descubre redes de lavado de dinero cada vez más sofisticadas, mientras las organizaciones criminales utilizan empresas, cuentas bancarias y mecanismos financieros para ocultar sus ganancias, la derecha vota en bloque en contra de facilitar el levantamiento del secreto bancario para perseguir el dinero del narcotráfico y el crimen organizado.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Porque durante años esos mismos sectores nos han repetido una frase que seguramente todos hemos escuchado alguna vez: «el que nada hace, nada teme». La utilizaron para defender controles, fiscalizaciones y medidas de seguridad. Sin embargo, cuando se trata de entregar más herramientas para seguir la ruta del dinero de las mafias, ese principio parece desaparecer.
Durante el debate se escucharon argumentos que rozan lo absurdo. Algunos advirtieron que el Estado podría terminar sabiendo qué compra una persona en el supermercado o cómo gasta su dinero cotidiano.
Pero nadie está proponiendo fiscalizar a ciudadanos honestos por comprar pan, leche o una caja de remedios.
Lo que se busca es perseguir organizaciones criminales que lavan millones de dólares provenientes del narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y la extorsión.
Las mafias no esconden sus ganancias en el carro del supermercado.
Las esconden en sociedades, transferencias, testaferros, operaciones financieras complejas y estructuras diseñadas precisamente para dificultar el trabajo de los investigadores.
Nos dicen que hay que ser implacables contra la delincuencia.
Nos prometen mano dura.
Nos hablan de recuperar las calles.
Pero cuando llega el momento de seguir la ruta del dinero, aparecen las dudas, las excusas y los bloqueos.
La experiencia internacional demuestra que las mafias no se derrotan únicamente con más patrullas, más cárceles o penas más altas.
Se derrotan golpeando sus finanzas.
Se derrotan siguiendo el dinero.
Se derrotan fortaleciendo las instituciones encargadas de investigar.
Porque perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales suele ser mucho más efectivo que perseguir solamente a sus integrantes.
Y esa es una discusión que Chile debe dar con seriedad y sin caricaturas.
Porque mientras crecen las amenazas del crimen organizado, mientras se multiplican los casos de corrupción pública y privada, mientras las organizaciones criminales adquieren capacidades cada vez más sofisticadas, algunos siguen insistiendo en que la solución es tener un Estado más pequeño.
Menos Estado, menos fiscalización, menos capacidad investigativa, menos controles, menos recursos.
Justamente lo contrario de lo que exige la realidad.
La historia demuestra que cuando el Estado pierde capacidad para fiscalizar, investigar y sancionar, quienes ocupan ese espacio no son los ciudadanos.
Son las mafias.
Son los corruptos.
Son las redes de poder que operan al margen de la ley.
Un Estado débil no es sinónimo de libertad.
Un Estado débil es el primer paso hacia un Estado fallido.
Y cuando el crimen organizado logra crear empresas, mover millones mediante plataformas financieras, infiltrar instituciones públicas y encontrar funcionarios dispuestos a colaborar, la discusión ya no es ideológica.
Es existencial.
Porque ninguna sociedad puede sobrevivir si sus instituciones son más débiles que quienes intentan corromperlas.
La pregunta que enfrenta Chile ya no es si tenemos un problema de corrupción.
La evidencia demuestra que sí.
La verdadera pregunta es si tendremos la voluntad política para fortalecer al Estado antes de que la corrupción y el crimen organizado terminen por vaciarlo desde dentro.
