El sistema penitenciario y la agenda de derechos humanos volvieron al centro del debate político tras confirmarse que 22 reos del penal de Punta Peuco presentaron, durante el último mes, solicitudes formales de indulto presidencial ante el Ministerio de Justicia. La noticia se conoce días después de que el Presidente José Antonio Kast abordara el tema en una entrevista televisiva, asegurando que, aunque no fue materia de su cuenta pública, es un asunto que el Ejecutivo deberá resolver en el corto plazo.
Indultos conmutativos y no «impunidad» La abogada Carla Fernández, representante de los solicitantes, aclaró que las peticiones no buscan una «excarcelación lisa y llana» ni el perdón de los delitos, sino que se amparan en el carácter conmutativo del beneficio. Según explicó la jurista, bajo el artículo 93 N° 4 del Código Penal, el indulto permite remitir o conmutar la pena sin quitar la calidad de condenado, permitiendo que la sentencia se siga cumpliendo pero bajo una modalidad distinta a la reclusión carcelaria.
“No pido impunidad. Pido que un anciano enfermo no agonice dentro de una celda”, enfatizó Fernández, quien describió los casos como “calificados hasta el extremo” debido a la avanzada edad de los internos y a patologías crónicas que el recinto penal no estaría en condiciones de tratar adecuadamente.
La postura del Ejecutivo: estudio «caso a caso» Desde el Gobierno, tanto el mandatario como el ministro de Justicia han mantenido una postura de cautela. Si bien hasta la fecha no se ha otorgado ningún beneficio de este tipo bajo la actual administración, las autoridades han reiterado que estudiarán los méritos de cada petición una vez que estas lleguen a sus manos para su tramitación definitiva.
Punta Peuco en el foco público Este movimiento masivo de solicitudes ocurre en una semana marcada por la controversia respecto al penal de Punta Peuco, luego de que se revelara el traslado de tres reos comunes a dicho recinto, una decisión que el propio Presidente Kast confirmó haber tomado personalmente.
Con las 22 carpetas ya ingresadas al Ministerio de Justicia, el Mandatario enfrenta ahora la presión de entregar una respuesta política y jurídica a una discusión que la defensa de los reos plantea en términos humanitarios: si el Estado puede transformar una condena en lo que califican como una “pena de muerte” tácita debido a las condiciones de salud de los prisioneros.
