A partir de este mes de junio, la Tesorería General de la República (TGR) asumió una nueva función estratégica al iniciar la cobranza prejudicial de las deudas previsionales de miles de trabajadores en todo el país,. Esta medida, implementada bajo el alero de la Reforma de Pensiones (Ley 21.735), se canaliza a través del nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), una plataforma centralizada que busca terminar con la fragmentación que existía cuando cada AFP realizaba estas gestiones por separado,.
Un sistema unificado para mejorar pensiones El objetivo central de este cambio operativo es elevar la eficiencia en la recuperación de fondos, evitando la duplicidad de gestiones y reduciendo la carga de los juzgados laborales. Según explicó el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, la meta fundamental de esta nueva labor es contribuir a que las empresas regularicen la situación de sus empleados para asegurar que, en el futuro, los trabajadores cuenten con mejores jubilaciones.
El SUCC será de uso obligatorio tanto para las AFP como para el Instituto de Previsión Social (IPS), permitiendo que la Tesorería reciba información mensual segmentada para aplicar estrategias de cobranza específicas según el monto adeudado, el tiempo de morosidad y el comportamiento histórico de los deudores,.
Plazos y métodos de cobranza La etapa prejudicial consistirá en contactar de manera directa a los empleadores morosos para informarles sobre sus obligaciones pendientes e invitarlos a pagar. Para ello, la TGR dispondrá de diversos canales de comunicación, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), llamadas telefónicas y un bot especializado.
Los plazos establecidos para esta gestión varían según el tipo de incumplimiento detectado:
- Declaración y No Pago (DNP): La gestión de cobro tendrá una duración de hasta 270 días.
- Declaración y No Pago Automática (DNPA): Para casos que requieran validaciones adicionales, el plazo podrá extenderse hasta los 720 días.
Riesgo de demandas judiciales Las autoridades advirtieron que los empleadores que no regularicen sus deudas dentro de estos periodos se exponen a una demanda judicial. En dicha instancia, la acción legal será interpuesta por un ente externo especializado y resuelta por el Poder Judicial, lo que representa la fase final del proceso de recuperación de las cotizaciones adeudadas.
