La batalla contra las plataformas de juego no autorizadas ha tomado un nuevo impulso tras la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informar sobre los mecanismos técnicos para ejecutar el bloqueo de sitios de apuestas online ilegales. La medida, dictada el pasado 22 de mayo, busca dar cumplimiento a la ofensiva judicial iniciada hace casi dos años por la Lotería de Concepción en contra de las principales operadoras de internet del país.
El factor de la exlobbista en la Segpres Esta presión judicial coincide con una creciente controversia política por la incorporación de María Trinidad Sainz Reyes al núcleo de la coordinación legislativa del Ejecutivo. La actual asesora de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) desempeñó previamente funciones como lobbista para la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), entidad que representa a gigantes del sector como Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin.
Los cuestionamientos se intensificaron tras conocerse que, ya en su rol gubernamental iniciado en marzo, la funcionaria participó en abril en una audiencia con representantes de la firma Jugabet para abordar inquietudes sobre el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso. Aunque desde la Segpres descartaron irregularidades y aseguraron que no tiene impedimentos legales, expertos en transparencia señalaron que la asesora debió abstenerse debido a sus vínculos recientes con la industria.
Bloqueos técnicos y ofensiva judicial En el ámbito jurídico, el tribunal de alzada capitalino busca despejar las dudas sobre cómo se ejecutará técnicamente el bloqueo masivo, considerando que la Subtel ha reconocido previamente enfrentar trabas técnicas y jurídicas para cumplir con órdenes similares de la Corte Suprema. La Lotería de Concepción argumenta que las compañías de internet tienen la obligación de impedir el acceso a estos sitios, ya que vulneran garantías como la igualdad ante la ley y la libertad económica al operar sin las exigencias legales que rigen para las entidades autorizadas.
Regulación con suma urgencia Este escenario se desarrolla mientras el Ejecutivo impulsa con suma urgencia un proyecto de ley para regular la industria, proponiendo que las empresas paguen un impuesto específico del 20%, IVA y cobros retroactivos. La iniciativa también contempla facultades de fiscalización para la Superintendencia de Casinos de Juego y prohibiciones para que figuras del deporte sean rostros de estas marcas, en un intento por formalizar un mercado que la justicia ya ha ratificado como ilegal en fallos anteriores.
