La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este miércoles la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Constanzo, el arquitecto imputado por la muerte de su hija de dos años tras caer desde un edificio en Las Condes. El tribunal de alzada capitalino dejó sin efecto el arraigo nacional y firma mensual dictados originalmente, al considerar que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Homicidio por omisión y dolo eventual El Ministerio Público formalizó a Constanzo por el delito de homicidio por omisión mediante dolo eventual. La fiscalía sostiene que el imputado conocía el riesgo y no lo evitó, basándose en tres antecedentes clave:
- Condición profesional: El imputado es arquitecto y vivía en un piso 11, por lo que poseía conocimientos técnicos sobre el riesgo de caída.
- Negligencia en seguridad: Según la fiscalía, Constanzo le habría mentido a la madre de la niña asegurando que ya había instalado las mallas de seguridad, cuando en realidad estas solo estaban en el balcón y no en la ventana de la habitación donde ocurrió la caída.
- Estado de ebriedad: Testimonios indican que el padre se acostó a las 5:00 de la mañana tras ingerir alcohol y continuó bebiendo durante el almuerzo del domingo. Al momento del hallazgo, Carabineros tardó 40 minutos en lograr despertar al imputado y su pareja tras el impacto de la menor.
La tesis de la defensa El abogado defensor, Cristian Santander, cuestionó la prisión preventiva asegurando que su representado se encuentra «devastado» y en estado de shock. La defensa busca que el caso sea calificado como un cuasidelito (negligencia) y no como homicidio, argumentando que se trata de un hecho puntual y que la legislación no obliga a la instalación de mallas de seguridad.
Santander descartó además el estado de ebriedad, señalando que la menor estaba durmiendo cuando el padre se fue a descansar y que existen exámenes de alcoholemia y toxicológicos pendientes. El imputado, que arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel, cuenta con una irreprochable conducta anterior y, según su defensa, ni siquiera busca evitar responsabilidades dada la magnitud de la tragedia.
