En el marco de la tercera jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago retoma la audiencia para escuchar los argumentos de la Municipalidad de Maipú en su rol de querellante. El abogado representante del consistorio, José Pedro Silva, adelantó que la exposición se centrará en demostrar la conexión intrínseca entre las maniobras del exlegislador y la administración municipal de su cónyuge, Cathy Barriga, sosteniendo que “para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad de Maipú”. Para el municipio, el caso no es un hecho aislado, sino una arista que surge directamente de la investigación contra la exalcaldesa, situando a Lavín León bajo cargos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.
La tesis de la parte querellante apunta a que el imputado habría operado mediante una red de influencias que incluía a funcionarios clave y proveedores específicos. En este contexto, la investigación destaca el rol de Arnaldo Domínguez, quien ya fue formalizado por cohecho agravado en la causa principal. Según detalló Silva, Domínguez “recibía una coima, conocida en el lenguaje más común, por prestar ciertos servicios al interior del municipio vinculados con la imprenta MMG”, lo que permitiría trazar la ruta de los dineros y el uso de facturas ideológicamente falsas para la defraudación de recursos públicos. Con estos antecedentes, el municipio solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los delitos contra la administración pública.
Este avance en la formalización de Lavín León ocurre en un escenario judicial complejo, donde la causa contra Cathy Barriga ha enfrentado postergaciones que el municipio califica como «maniobras dilatorias de la defensa». Recientemente, el tribunal reprogramó la preparación del juicio oral de la exjefa comunal para agosto de 2026, acogiendo la solicitud de sus abogados de contar con más tiempo para revisar una carpeta investigativa que asciende a 50 tomos, 32 terabytes de información y más de 14.000 páginas. Mientras que para el Ministerio Público esta demora resultó “razonable” por el volumen de pruebas, los querellantes insisten en la necesidad de acelerar el proceso ante la cuantía de las penas solicitadas, que en el caso de Barriga llegan hasta los 37 años de presidio por parte del Consejo de Defensa del Estado.
