Lo que comenzó como una indagatoria por el presunto cobro de sobresueldos a sus asesores, ha escalado hacia una arista hasta ahora desconocida. En el marco del allanamiento realizado este miércoles por el OS-9 de Carabineros a la oficina de la senadora Camila Flores (RN) en el Congreso Nacional, han surgido antecedentes que vinculan a la parlamentaria con supuestas actividades de lobby en favor de intereses notariales.
La delación de «JL» La diligencia liderada por la fiscal Paola Castiglione no solo se basó en una denuncia anónima, sino en la colaboración sustancial de un exasesor de la parlamentaria, identificado con las iniciales JL. Según información revelada por CIPER, el testigo ha declarado en dos oportunidades, entregando cartolas bancarias y registros de WhatsApp que permitirían trazar el flujo de dinero de la denominada “cuota Flores”, un mecanismo mediante el cual se habría apropiado de cerca de $300 millones de asignaciones parlamentarias entre 2018 y 2025.
Sin embargo, el punto más sensible de su declaración apunta a que Flores habría realizado gestiones de influencia relacionadas con la Ley de Reforma Notarial y Registral, la cual entró en vigencia apenas el pasado 2 de abril. Esta nueva línea investigativa busca determinar si la senadora actuó bajo intereses particulares durante la discusión legislativa.
Relaciones de larga data La fiscalía pone la lupa sobre los vínculos de la senadora y su esposo, Percy Marín, con figuras del gremio. Se destaca la relación con el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, quien actualmente es conservador en Concón pero que anteriormente se desempeñó como notario en Quilpué, comuna que formaba parte del distrito que Flores representaba como diputada.
Durante la tramitación de la reforma, Flores tuvo un rol activo integrando la Comisión de Constitución y la Comisión Mixta. En dichas instancias, la parlamentaria fue una de las voces que criticó que el proyecto no otorgara suficiente peso a la «experiencia, la trayectoria y el mérito» en el nombramiento de nuevos cargos, una postura que coincidía con los planteamientos del gremio notarial frente a los informes de la Fiscalía Nacional Económica.
El rol de la «recaudadora» Mientras la fiscalía analiza la veta del lobby, el OS-9 también incautó equipos tecnológicos y antecedentes financieros de la secretaria de la senadora, Yolanda Olfos. Olfos es sindicada como la pieza operativa clave o «recaudadora» del esquema, encargada de coordinar los supuestos traspasos de sueldos desde los colaboradores hacia la parlamentaria.
Con la incautación del celular de la senadora y el acceso a su información tributaria, el Ministerio Público busca confirmar si las sospechas de lobby y fraude al fisco tienen un correlato en las comunicaciones privadas de la congresista, en una causa que este jueves será revisada por el comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles querellas.
