Cuatro de siete integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, renunciaron a sus cargos porque «no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado», señalaron en una declaración pública.
En la misma informaron que «durante semanas sostuvimos un diálogo de buena fe con las autoridades, presentamos propuestas de ajuste presupuestario, entregamos antecedentes técnicos y advertimos los riesgos. Lo hicimos con un único criterio: proteger a las personas víctimas y garantizar el cumplimiento del mandato del Estado».
«Sin embargo, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —entre ellas, la desarticulación del equipo profesional, la alteración del modelo territorial y el debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios— hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato», añadieron.
«La Comisión Verdad y Niñez», aclaran, «no es una estructura administrativa. Es un proceso de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas frente a graves violaciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024. Ese proceso requiere condiciones básicas que hoy no están garantizadas».
«La escucha de testimonios no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético. Las personas afectadas no son fácilmente identificables ni accesibles sin trabajo territorial sostenido, sin acceso a registros históricos —aún negado— y sin equipos que hayan construido vínculos en contextos de alta desconfianza hacia el Estado. Para muchas víctimas, testimoniar es el primer acto de reparación», sostienen los renunciantes.
La Comisión, que era presidida por la psicóloga Soledad Larraín, y que también integraban Matías Marchant, Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, señaló que «este mandato es una tarea de Estado, no de un gobierno. Así lo establecen los estándares internacionales y las obligaciones de Chile en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición».
«Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica. No se trata de una discusión presupuestaria: cuando se desarticulan dispositivos especializados bajo criterios administrativos, se altera su sentido. Cuando se limita la autonomía de una Comisión de Verdad, se compromete gravemente su capacidad de cumplir su mandato», enfatizaron.
La Comisión la creó el Presidente Gabriel Boric y fue anunciada el 10 de diciembre del 2024, en el Día de los Derechos Humanos. La publicación en el Diario Oficial del decreto firmado y aprobado por la Contraloría se hizo el 26 de febrero del 2025, y la reunión de constitución de la Comisión se realizó el 5 de marzo del 2025.
