Promesas Rotas, Herencia de Dolor: Kast y la Generación que se Niega a Repetir la Historia en un Chile Sin Cuidado
La lluvia golpeaba los ventanales de la cafetería con la misma fuerza de un Chile que se desangra en promesas incumplidas. Afuera, Santiago era el reflejo de un país que envejece sin reemplazo, atrapado entre el miedo y la desilusión. Ana giró la cuchara en su taza, ya fría, mientras su amiga insistía con la pregunta que martillaba a toda una generación: «Pero, ¿por qué no quieres? Serías una madre increíble». Ella recordó sus ocho años, la llave colgándole del cuello, calentando la cena para su hermano mientras su madre trabajaba un tercer turno. «No es que no quiera», pensó, sintiendo el peso fantasma de esa llave, «es que ya viví esa vida y apenas sobreviví».
Esa confesión silenciosa es hoy un grito colectivo en una nación donde el contrato social se ha trizado de manera explícita. Mientras el recién asumido gobierno de José Antonio Kast declamaba un «gobierno de emergencia» y prometía mano dura y orden, sus primeras 48 jornadas no sólo revelaron recortes: destaparon una confesión ideológica que dinamita el alma social del país. Muchos que hoy dudan de la maternidad crecieron siendo padres antes de tiempo, y ahora presencian cómo el prometido «cuidador fuerte» desnuda su proyecto real: un horizonte donde la única política social es el empleo, y donde todo lo demás es un gasto prescindible.
La gran paradoja del gobierno de Kast está en la brecha insalvable entre su retórica y sus acciones, una brecha que no es torpeza sino método. El abogado Guillermo Pickering lo sentencia con precisión: «Se prometió una cosa y se está haciendo otra. No es un tropiezo. Es un método. La historia no se repite de forma idéntica: se disfraza. Se suaviza. Se presenta con otro lenguaje, con otros modales, con otra estética. Pero cuando se la examina sin ingenuidad, el espíritu refundacional aparece con meridiana claridad». Llegó al poder con un relato de crisis y seguridad nacional, presentándose como ese «cuidador seguro externo» que una sociedad traumatizada busca desesperadamente. Instaló la urgencia como emblema: el Plan Escudo Fronterizo, la expulsión masiva de migrantes, la reconstrucción del orden. Pero al momento de gobernar, la realidad ha mostrado otra cara. En su primer mes, el gobierno ya había recortado $72.669 millones del presupuesto del Ministerio de Seguridad, afectando personal policial, mantención de cuarteles, combustibles y hasta los planes contra el crimen organizado como «Calles sin Violencia». No es serio —diría cualquier analista— hablar de crisis de seguridad y a la vez recortar donde esa crisis se juega. Ese recorte delata cuál es la verdadera prioridad: una alquimia fiscal que aplica austeridad selectiva para los vulnerables y generosidad para el gran capital.
La confesión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —un economista cuyo historial incluye la defensa de empresas coludidas en los casos de los pollos y las farmacias—, fue el momento en que la máscara cayó por completo. Al presentar su reforma tributaria, lanzó una frase que debe ser escuchada como lo que es: una definición de principios. «La mejor Política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo», declaró con énfasis y seguridad. No fue un lapsus. Fue la revelación del horizonte aspiracional de este proyecto: un país donde cada cual debe rascarse con sus propias uñas, donde no hay protección ante la enfermedad, la miseria o la vejez, y donde la única garantía es tener un puesto de trabajo. Esa sociedad no es una utopía; es una distopía que ya conocimos, un espejo del estallido que creíamos haber superado.
Esta lógica se replica en cada vértice del gobierno. En campaña, el propio Kast juró solemnemente: «No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista». Apenas asumió, Quiroz emitió oficios a todos los ministerios instándolos a «descontinuar» 142 programas sociales y rebajar el presupuesto a otros 260, en un recorte que suma exactamente 6 mil millones de dólares. Al fin apareció la cifra mágica de ahorro prometida en campaña, pero el método para alcanzarla es una confesión burocrática de horror. No se pide «mejorar», «reformar» o «modificar». La palabra es «descontinuar».
La lista es un documento que dinamita el alma social de Chile. Significa eliminar el Programa de Alimentación Escolar, que da de comer a cerca de 2 millones de niños y adolescentes de sectores vulnerables, para muchos su ración alimenticia más importante del día. En Salud, se plantea descontinuar 23 programas, entre ellos el de cuidados paliativos universales, la atención en salud para niños con vulneración de derechos, la hospitalización domiciliaria y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Es una razzia contra los programas preventivos y de atención primaria, precisamente los que representan un ahorro a largo plazo. La promesa de que los migrantes pagarían sus propios vuelos de expulsión duró lo que tardaron en asumir: el primer vuelo con 40 expulsados fue financiado con impuestos, mientras el gobierno admite que echar a una persona cuesta $3 millones. En paralelo, el esperado «muro infranqueable» resultó ser solo más soldados y más zanjas, medidas heredadas de Bachelet y Boric. Como confesaron fuera de micrófono algunos funcionarios, «en campaña se dicen muchas cosas, pero otra cosa es con guitarra».
La matriz ideológica está nítidamente delineada: un repliegue del Estado de la esfera social para entregársela al sector privado, un proyecto de despolitización de las políticas públicas orientado a favorecer a los conglomerados empresariales que ahora ocupan el gabinete. La presencia de figuras de la CPC, la Sociedad Nacional de Minería y el holding Quiñenco del Grupo Luksic en carteras clave como Economía, Minería y Relaciones Exteriores no es una anécdota: es la institucionalización de un conflicto de interés estructural. Mientras se pide responsabilidad fiscal a los estudiantes endeudados y se les limita la gratuidad universitaria, la receta incluye un generoso alivio para el gran capital: rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, eliminación del impuesto a las ganancias de capital y baja del impuesto a las herencias. Como señala Patricio Medina Johnson, «la verdadera emergencia parece ser restaurar un Chile donde algunos vuelven a ganar privilegios… y muchos vuelven a perder derechos». Lautaro Carmona es aún más enfático: «el gobierno de Kast está impulsando una refundación del neoliberalismo en Chile».
Para Ana, y para millones de chilenos que viven en la neurocepción constante de no ser protegidos, estas primeras semanas no han hecho más que confirmar lo que su sistema nervioso ya sabía: la promesa del cuidador fuerte era una ilusión. La oferta de «mano dura» y «emergencia» resultó ser un calmante autoritario, una construcción discursiva para justificar dolorosos retrocesos sociales. La supuesta crisis multidimensional es, en buena medida, una excusa. Chile presenta una inflación a la baja y empleo estable; la realidad dista del escenario apocalíptico pintado desde La Moneda. Pero la retórica de la emergencia es el disfraz perfecto, el «paraguas», como lo califica Mario Toro, que permite justificar los sacrificios ciudadanos.
Lo más revelador, sin embargo, fue la respuesta del ministro Quiroz ante la conmoción: dijo que el oficio era solo «una orientación», y que «aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni de terminar ningún programa. Es un oficio, todavía no está el decreto en este gasto». «Todavía». Esa es la palabra que hiela la sangre. Es la pequeña renuncia a la verdad que marca el inicio de una degradación más profunda. Pickering advierte: «Cuando la falsedad se instala como forma de gobierno no es algo menor. Es una fractura. Es el inicio de una degradación que no comienza con grandes actos, sino con pequeñas renuncias a la verdad». Y aunque se intente un gaslighting institucional, el oficio es claro: la cifra de 6 mil millones de dólares se alcanza llevando la inversión social a cero, no mejorándola.
En este escenario de desilusión, la caída de la natalidad no es una simple estadística. Es la cristalización biológica del colapso del cuidado. Cuando el gobierno que debía proteger recorta los recursos para la seguridad y la educación, cuando la clase política que prometió orden solo despliega captura corporativa y sueña abiertamente con un país sin políticas sociales, el self colectivo de una nación se fragmenta aún más. La pregunta ya no es solo individual, como le sucede a Ana frente a su café frío, sino profundamente política: ¿cómo atreverse a traer hijos a un país donde los que prometen seguridad profundizan el abandono?
El desafío no es menor. La vieja ecuación que aprendió Ana —»amor igual a carga, cuidar igual a desaparecer»— encuentra su correlato en un gobierno que recorta donde prometió proteger y aspira a que el pleno empleo sea la única política social. La profecía silenciosa que esta generación viene a cumplir es clara: no se trata de rechazar la vida, sino de exigir las bases materiales y emocionales para vivirla sin repetir el trauma. Como escribe Pickering, en el palacio presidencial, el retrato de Salvador Allende permanece «no como homenaje ornamental, sino como una presencia incómoda, casi vigilante». Esa mirada no distingue entre generaciones; está dirigida a los vivos, a quienes hoy recorren esos pasillos creyendo que el poder es una propiedad y que la historia puede torcerse sin consecuencias. Solo resta preguntarse si Chile podrá despertar del shock autoritario y emprender el reordenamiento de sus prioridades antes de que ese»todavía» se transforme en un «para siempre». Es hora de tomar partido mirando al verdadero Chile: el que sobrevive con el sistema nervioso agotado, esperando que alguien realmente cumpla.
