El Ministerio de Hacienda ha generado una fuerte polémica tras la filtración de un oficio firmado por el ministro Jorge Quiroz, en el cual se instruye una reducción de al menos el 15 por ciento en el gasto destinado a beneficios sociales críticos, situando a la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el centro del ajuste presupuestario,. La medida, proyectada para el Presupuesto 2027, propone contraer los recursos de 260 programas gubernamentales como parte de un «nuevo paradigma» de gestión pública con un horizonte hacia el año 2031,,.
Impacto en el sistema de pensiones La propuesta de la cartera fiscal sugiere al Ministerio del Trabajo una reducción superior a los 1,7 billones de pesos en 17 beneficios administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las iniciativas que verían mermados sus recursos destacan no solo la PGU, sino también la Pensión Básica Solidaria de Invalidez y el Aporte Provisional Solidario de Vejez, afectando a un universo que supera los tres millones de beneficiarios directos,. De aplicarse el plan en su totalidad, el ahorro total para el Estado ascendería a 2,8 billones de pesos sumando todas las carteras involucradas.
Contraste con las promesas de campaña Este diseño técnico ha provocado fricciones políticas debido a que contradice los compromisos asumidos por el Presidente José Antonio Kast durante su candidatura,. En octubre de 2025, el entonces candidato aseguró que no recortaría ningún beneficio social existente y fue categórico al señalar que los ajustes al «gasto político» no afectarían a la PGU,,. En la misma línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, había afirmado anteriormente que este beneficio no se iba a «tocar».
Reacciones y alertas políticas La posibilidad de que la PGU sea objeto de recortes ha activado las alertas incluso en sectores oficialistas. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que los derechos sociales ganados representan un límite que se debe mantener, especialmente para las personas más vulnerables. Núñez enfatizó que este beneficio fue un compromiso del Presidente y manifestó su confianza en que el propio mandatario lo resguardará frente a la propuesta técnica de Hacienda.
Desde el Ejecutivo se ha argumentado que estos ajustes responden a la necesidad de ordenar las cuentas públicas tras lo que califican como un sostenido malgasto de recursos por parte de la administración anterior. Sin embargo, la inclusión de una política emblemática creada por el expresidente Sebastián Piñera en el listado de recortes ha tensionado la narrativa del Gobierno, que ahora enfrenta el desafío de equilibrar la responsabilidad fiscal con el costo social y su credibilidad política,,.
