Lo que debía ser un diálogo técnico privado terminó en un incendio político de proporciones. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se encuentra hoy en el centro de la polémica tras la filtración del «Oficio 16», un documento que proyecta un ajuste fiscal de $5,4 billones hacia 2027 y que pone en duda la continuidad de 142 programas estatales. Ante las críticas, Quiroz intentó bajar el perfil a la controversia comparando la filtración con la lectura no autorizada de «la carta de una pareja», subrayando que se trataba de un instrumento de trabajo interno no apto para el público general.
El choque semántico: ¿Descontinuar o reformular? Mientras el ministro Quiroz defendió el uso del término «descontinuar» como una palabra técnica «precisa» para referirse a programas con fallas de diseño, su propio equipo intentó matizar el impacto. José Ignacio Llodrá, subdirector de la Dipres, salió al paso asegurando que la intención es más bien «reformular». Según Llodrá, no se busca eliminar la política pública, sino cambiar la herramienta de ejecución porque la actual «tiene un problema».
La furia de Carmona y Vodanovic La explicación técnica no convenció a la oposición, que personificó la crítica en la figura del jefe de Hacienda. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, endureció el tono tildando la revisión de programas como la Junaeb de «clasista». Para Carmona, la visión de Quiroz reduce los derechos sociales a simples «concesiones» que el Estado entrega de forma «dadivosa».
En la misma línea, la senadora Paulina Vodanovic fustigó la falta de empatía del Ejecutivo, lanzando un dardo directo a la gestión de datos: «esto de la planilla Excel no puede dar para todo». Vodanovic insistió en que las decisiones presupuestarias deben considerar los efectos reales en las personas y no solo el equilibrio de las cuentas.
La Junaeb en la mira El punto más sensible de la discusión gira en torno al Programa de Alimentación Escolar. Quiroz justificó la necesidad de intervenirlo señalando que existen «fallas estructurales de diseño» donde el Estado termina pagando por raciones que no se consumen. Aunque el ministro aseguró que la política de alimentación debe continuar por ley, sentenció que el diseño actual está «absolutamente malo», lo que justifica, a su juicio, detener su modalidad vigente para buscar una más efectiva.
