El compromiso del gobierno de José Antonio Kast de agilizar las expulsiones de extranjeros en situación irregular ha chocado con una realidad técnica compleja. La Policía de Investigaciones (PDI) admitió ante la comisión de Gobierno del Senado que, en la actualidad, resulta «imposible» ejecutar la deportación de aproximadamente 6.000 ciudadanos venezolanos que cuentan con órdenes de salida pendientes.
Las razones del estancamiento De acuerdo con lo expuesto por el prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, el proceso se encuentra paralizado principalmente por tres factores críticos:
- Ruptura diplomática: La falta de relaciones consulares vigentes con Venezuela impide la coordinación mínima necesaria para estos operativos.
- Crisis de identidad: Existe una dificultad técnica para verificar la identidad de los sujetos, sumado a que el gobierno de Caracas no está aceptando a los deportados.
- Congelamiento de vuelos: Los traslados hacia la capital venezolana permanecen suspendidos desde junio de 2025.
Un desafío logístico y económico Más allá de las trabas internacionales, el factor financiero representa otra barrera significativa. Se estima que el costo de cada expulsión asciende a unos $3 millones de pesos por persona, considerando traslados, custodias policiales y logística aérea. En un país con cerca de 300.000 migrantes en condición irregular, la viabilidad de una política de deportaciones masiva genera dudas presupuestarias.
Un ejemplo reciente de esta dificultad ocurrió la semana pasada, cuando el Ejecutivo concretó un vuelo con 40 expulsados (nacionales de Colombia, Bolivia y Ecuador) en el cual no se incluyó a ningún ciudadano venezolano, a pesar de ser una de las poblaciones con mayor número de órdenes pendientes.
Contexto legislativo Esta revelación de la PDI surge en un momento de alta presión política, mientras el Senado tramita con urgencia un proyecto de ley que busca criminalizar el ingreso clandestino al país. Esta moción, que data originalmente de 2022, se encuentra en el primer lugar de la tabla para ser votada en general este miércoles, en medio de la exigencia ciudadana por resultados concretos en el control de fronteras.
