Javier Milei prometió dinamitar la casta. Llegó al poder envuelto en la furia antisistema, blandiendo la motosierra como símbolo de una purga necesaria. El discurso era simple y seductor: terminar con los privilegios, cortar de raíz la política tradicional y devolverle el poder a la gente. Pero el experimento terminó pareciéndose demasiado a aquello que juró destruir. En Argentina, el gobierno no acabó con la casta; la reconfiguró. Cambiaron los nombres, no las lógicas. El ajuste, en cambio, sí fue real, profundo y cotidiano: se sintió en el supermercado, en la mesa, en el bolsillo, en los medicamentos, en los programas sociales, en la vida diaria.
En ese contexto se produjo un encuentro con José Antonio Kast, quien no solo observó con atención el proceso argentino, sino que durante su campaña expresó abiertamente su admiración por el modelo que Milei proponía. No es un detalle menor. Las ideas viajan, se replican y, a veces, se radicalizan. Lo que en Argentina fue laboratorio, en Chile asoma como promesa programática.
Porque si uno mira con detención las reformas que Kast impulsa, el patrón se vuelve reconocible. Rebaja de impuestos —especialmente para los sectores de mayores ingresos— desregulación acelerada y un énfasis en la “libertad económica” que, en la práctica, tiende a trasladar costos hacia los ciudadanos comunes, a la clase media, a los más pobres. La teoría dice que bajar impuestos dinamiza la economía; la realidad suele ser muy distinta y no hay muestra empírica en el mundo que haya resultado, como dice el connotado economista Claudio Agostini.
¿A quién favorece, concretamente, una rebaja tributaria de este tipo?
Primero, a los grandes contribuyentes: quienes concentran ingresos altos y capital —es decir, ese 1% más rico del país— y que verían reducida su carga impositiva de manera significativa. Y no es solo una percepción: casi el 80% del beneficio de una rebaja del impuesto a las empresas termina en ese 1% de mayores ingresos, que además concentra la inmensa mayoría de las rentas del capital en Chile.
Segundo, a empresas de mayor tamaño, que pueden capturar mejor los beneficios de una menor tributación sin necesariamente trasladarlos a precios o salarios. Las grandes compañías —que son una minoría dentro del total de empresas— concentran la mayor parte de utilidades, por lo que son las principales beneficiadas cuando baja el impuesto corporativo. Además —y esto suele quedar fuera del debate— las pymes operan bajo un régimen distinto: desde 2020, la mayoría se acoge a esquemas como el Pro Pyme General, con tasas reducidas que han estado entre 10% y 12,5%, o incluso al régimen transparente, donde la empresa ni siquiera paga impuesto de primera categoría y son los socios quienes tributan directamente. Es decir, ya cuentan con una carga tributaria menor o diferenciada, por lo que una rebaja general del impuesto corporativo tiene un efecto bastante más acotado en ellas.
Tercero, a patrimonios elevados, especialmente si se avanza en medidas como la eliminación de contribuciones o impuestos asociados a la propiedad. Y aquí hay otro dato incómodo: las contribuciones las paga principalmente el 20% más rico, por lo que eliminarlas implica más dinero directo a ese segmento, no a la mayoría de la población.
Y es aquí donde la discusión deja de ser abstracta. Porque muchos de quienes impulsan estas medidas —incluyendo liderazgos políticos y figuras cercanas al poder, como el propio Kast— cuentan con patrimonios relevantes o vínculos con grandes empresas. No se trata necesariamente de ilegalidad, pero sí de algo más incómodo: la coincidencia entre quienes diseñan las reglas y quienes potencialmente se benefician de ellas.
¿Y quién paga la diferencia? La respuesta suele aparecer en dos vías: menor recaudación —que tensiona el financiamiento de servicios públicos— y mayores costos indirectos para la población. Porque mientras se alivian tributos en la parte alta de la pirámide, el costo de la vida no espera. Ya lo vimos con la brusca subida de los combustibles: el alza se traslada a transporte, alimentos, servicios. Todo sube, menos los ingresos de quienes dependen de un sueldo.
El problema no es solo económico; es también narrativo. Se instala la idea de que cualquier cuestionamiento es una defensa de “la casta”, cuando en realidad se trata de preguntarse quién gana y quién pierde con estas políticas. Y ahí la evidencia es menos épica y más incómoda.
Volvamos a Argentina. Meses después de la promesa de abundancia, la postal es otra. El ajuste pegó fuerte y la carne —símbolo cultural y alimento central— se volvió inalcanzable para muchos. En su lugar, comenzamos a ver situaciones que parecían imposibles: familias optando por alternativas más baratas, como la carne de burro, porque la de vacuno simplemente se convirtió en un lujo.
No es una anécdota pintoresca; es una señal. Cuando el discurso promete libertad pero la realidad encarece la vida, algo no calza. Cuando se reduce el rol del Estado sin un plan claro para amortiguar el impacto, los costos se socializan, pero los beneficios no.
Por eso, cuando se mira hacia Chile y se escuchan ecos de ese mismo libreto, la pregunta no es ideológica, sino práctica: ¿hacia dónde nos lleva este camino? Porque si el destino se parece al punto de partida argentino, la metáfora deja de ser una exageración.
Y entonces, quizás, cuando alguien prometa terminar con la casta a punta de motosierra, convenga mirar no solo el discurso, sino también el menú. Porque a este ritmo, no es descabellado preguntarse si hacia allá vamos: a un país donde la carne de vacuno sea un recuerdo… y la de burro, sea la única alternativa.
