Lo que comenzó como un rumor de pasillo en Valparaíso ha tomado la forma de una de las denuncias de corrupción más sistemáticas de los últimos años. Un grupo de parlamentarios de oposición ha solicitado formalmente que la Cámara de Diputados se querelle contra la actual senadora y exlegisladora, Camila Flores, acusándola de orquestar un esquema de recaudación ilícita que sus propios trabajadores bautizaron como “la cuota Flores”.
El peaje de los $300 millones La investigación, liderada por la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, apunta a un mecanismo que habría operado durante los dos periodos de Flores como diputada. Según los testimonios recopilados, a los funcionarios contratados con fondos públicos se les exigía devolver una parte significativa de sus sueldos en efectivo directamente a la parlamentaria.
Este «recorte» de remuneraciones, que según las estimaciones preliminares ascendería a $300 millones de pesos, es calificado por los querellantes como un fraude al fisco reiterado y una apropiación indebida de recursos que debían financiar la función pública y no el patrimonio personal.
Institucionalidad bajo sospecha: ¿Protección o burocracia? El foco de tensión se ha trasladado ahora a la testera de la Cámara. Mientras diputados como Luis Cuello (PC) y Ana María Gazmuri (AH) exigen que el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, actúe como representante de todos los chilenos frente a la corrupción, la respuesta desde la Secretaría de la Cámara ha sido el inmovilismo técnico.
Desde la administración del Congreso argumentan que no poseen facultades legales para querellarse, limitando su rol a la denuncia de hechos conocidos en el ejercicio del cargo. Esta postura ha generado indignación en los sectores denunciantes, quienes consideran una «brutalidad» que la institución no tome un rol activo cuando se trata de dineros públicos «mutilados» por una de sus integrantes.
Diligencias en reserva Actualmente, el OS9 de Carabineros mantiene diligencias bajo reserva para evitar la filtración de pruebas clave en un caso que el Ministerio Público ya informó al Consejo de Defensa del Estado. Mientras la justicia avanza con declaraciones de excolaboradores que confirman el pago de la «cuota», la política se enfrenta a una pregunta incómoda: cuánto tiempo puede el Congreso evitar perseguir penalmente un mecanismo de defraudación que, de confirmarse, se habría ejecutado dentro de sus propias oficinas durante casi una década.
