El acceso a la vivienda tras una catástrofe dejó de ser un laberinto de prohibiciones para los damnificados de Valparaíso y Viña del Mar. En un giro que busca corregir lo que el nuevo Gobierno califica como un «error imperdonable» de la administración anterior, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció el fin de las trabas burocráticas que mantenían a cientos de familias fuera del sistema de subsidios.
El nudo crítico del problema era una barrera técnica que terminaba castigando el esfuerzo de la clase media: familias que, tras toda una vida de trabajo, habían logrado adquirir una segunda propiedad como ahorro para su vejez, quedaban automáticamente inhabilitadas para recibir ayuda estatal tras perder su hogar en el mega incendio. «Decir que el Minvu no construía patrimonios es algo imperdonable en una catástrofe», sentenció Poduje desde el sector de El Olivar, donde se reunió con víctimas de la tragedia de 2024.
La promesa de los 14 días Bajo instrucciones directas del Presidente José Antonio Kast, el titular de Vivienda se comprometió a desarticular este entramado reglamentario en un plazo máximo de dos semanas. La simplificación administrativa permitirá que, una vez levantadas estas restricciones, se proceda de inmediato a la entrega de los subsidios habitacionales pendientes.
Este movimiento es el eje central de la Ley de Reconstrucción Nacional, un ambicioso plan de 40 medidas que busca intervenir no solo la infraestructura física, sino también la estabilidad económica y legal en las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble. Mientras el mandatario presentaba el proyecto en Penco, Poduje y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, sellaban en terreno un compromiso que apuesta por un Estado que premia, en lugar de sancionar, la previsión de los ciudadanos.
