En Chile se discute, cada vez con más insistencia, aumentar la edad de jubilación a los 70 años. El argumento es conocido: vivimos más, estamos más sanos, y por lo tanto debemos trabajar más tiempo. A los 70 —nos dicen— todavía somos plenamente productivos. Todavía hay fuerza, energía, experiencia que aportar.
Pero, curiosamente, en otro debate que avanza en paralelo en el Senado, esa misma edad empieza a aparecer bajo una luz muy distinta. De pronto, los años pesan más. La fragilidad se vuelve protagonista.
El proyecto que busca otorgar beneficios carcelarios a condenados mayores de 75 años se presenta como un gesto humanitario hacia los adultos mayores. Y la verdad es que, escuchado así, suena razonable. Nadie quiere un sistema penal cruel. Nadie defiende cárceles inhumanas.
El problema aparece cuando uno empieza a mirar los detalles.
Porque no se trata solo de los internos de Punta Peuco ni únicamente de los condenados por crímenes de la dictadura. Tal como está planteado, el proyecto podría beneficiar también a criminales condenados por violación, homicidio, secuestro o delitos ligados al crimen organizado.
Y ahí el debate cambia de tono.
Porque la norma no distingue demasiado. La edad, por sí sola, empieza a funcionar como una especie de llave maestra. Una puerta que se abre con el simple paso del tiempo.
Las consecuencias son evidentes. Bajo ese criterio, con los años podrían aspirar a beneficios penitenciarios criminales que dejaron cicatrices profundas en la memoria del país. Personas como Julio Pérez Silva, responsable de una serie de asesinatos que estremecieron a Chile, o figuras como María del Pilar Pérez, condenada por homicidio, podrían eventualmente invocar la misma lógica si cumplen con el requisito etario.
No es un recurso retórico. Es, simplemente, el efecto práctico de una legislación demasiado amplia.
A eso se suma otro elemento que inquieta: lo difuso de los criterios médicos. El proyecto contempla enfermedades o deterioros asociados a la edad como argumentos para acceder a beneficios. El problema es que, en un sistema penitenciario donde los informes médicos ya han generado polémicas antes, abrir esa puerta con criterios vagos equivale a crear una zona gris bastante cómoda.
Y es que, con suficiente flexibilidad médica, casi cualquier envejecimiento puede terminar transformándose en argumento jurídico.
Pero la discusión arrastra además una polémica difícil de ignorar.
Un reportaje de Televisión Nacional de Chile mostró que parte del texto presentado por el senador Francisco Chahuán coincide prácticamente palabra por palabra con documentos elaborados por la abogada Carla Fernández, quien ha representado a varios internos del penal, entre ellos al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff y al ex agente de la CNI Alvaro Corbalán.
No hablamos solo de argumentos parecidos. Según lo mostrado en televisión, hay párrafos completos replicados. Las mismas frases. Las mismas pausas. Incluso las mismas comas.
Y entonces aparece una pregunta incómoda, de esas que quedan flotando en el aire:
¿desde cuándo las leyes se redactan con el borrador de los abogados de los condenados?
Además, el problema de fondo es otro. Este debate se está presentando como si fuera puramente humanitario. Como si se tratara solo de compasión. Pero la política criminal de un país no se construye únicamente con buenas intenciones. También necesita memoria, equilibrio, y algo de sentido común.
Porque mientras algunos descubren ahora el valor de la fragilidad humana a los 75 años, muchas de sus víctimas nunca tuvieron esa oportunidad. Algunas murieron esperando justicia. Otras siguen esperando.
Si este es el camino que empieza a recorrer el Congreso, el retroceso no será solo jurídico. Será algo más profundo.
Las sociedades rara vez se derrumban de golpe. Lo hacen lentamente. Primero aparecen excepciones razonables. Después se relativizan principios que parecían firmes. Y, casi sin darse cuenta, lo que ayer parecía impensable empieza a discutirse con naturalidad.
Hoy hablamos de liberar condenados por su edad.
Mañana, quizás, de qué otros principios también pueden flexibilizarse.
¿Qué viene ahora? ¿La vuelta del trabajo infantil? ¿La esclavitud? ¿Quitar el voto a las mujeres?
¿La desigualdad brutal convertida otra vez en paisaje cotidiano?
Y cuando ese proceso comienza, la historia suele repetir un patrón inquietante: lo que creíamos definitivamente superado vuelve a asomar.
Porque cuando una sociedad empieza a negociar con la justicia, en realidad no está corrigiendo una norma. Está corriendo una frontera peligrosa: la que separa la civilización de la barbarie.
Y cuando esa frontera se mueve, la historia suele hacer algo extraño: comienza a retroceder. Como si de pronto el siglo XIX volviera a asomarse por la ventana.
