La tensión geopolítica entre las grandes potencias ha escalado a un nuevo nivel en suelo nacional. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha dado una instrucción clara: personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) debe abocarse al «análisis de los antecedentes» tras una denuncia presentada por Estados Unidos sobre un presunto ataque informático contra empresas chilenas. Esta vulneración, según las primeras indagaciones, se habría gestado en el marco de la tramitación del ambicioso proyecto de cable submarino de fibra óptica de la firma China Mobile.
El caso, que mezcla tecnología de punta y espionaje internacional, estalló luego de que la embajada estadounidense advirtiera sobre «eventuales vulnerabilidades a la seguridad nacional» vinculadas a la iniciativa. De acuerdo con información publicada por la fuente original, La Tercera, el embajador Brandon Judd habría alertado personalmente a las autoridades chilenas respecto de «supuestas operaciones de espionaje en el sector de telecomunicaciones», lo que provocó que el Ejecutivo anulara el documento que originalmente daba luz verde al proyecto.
El impacto de esta alerta no fue solo administrativo, sino que gatilló una medida de presión sin precedentes desde Washington: la revocación de la visa de tres piezas clave del Gobierno: el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Esta drástica decisión del Departamento de Estado se hizo pública en medio de acusaciones por actividades que habrían comprometido la seguridad del hemisferio.
En La Moneda, la respuesta ha sido un despliegue total de sus organismos de inteligencia y seguridad. El embajador Judd sostuvo reuniones estratégicas con los ministros de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores para entregar detalles sobre las «supuestas operaciones». Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, solicitó un informe a la Agencia Nacional de Ciberseguridad sobre los «supuestos hackeos provenientes de China», mientras que la Cancillería pidió acciones concretas a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para resguardar la infraestructura nacional.
