La decisión del presidente electo José Antonio Kast de nombrar a Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad es de su exclusiva competencia. Confirmarlo después de conocerse sus vínculos societales -vigentes o de poca antigüedad- a empresarios investigados por eventuales delitos complejos, es de su entera responsabilidad.
Al menos tres son las razones que lo hacen inconveniente. La primera es el menoscabo que le provocó a Jouannet el descubrimiento de vínculos societales no declarados con empresarios investigados criminalmente. El voto de confianza presidencial no borra el criterio laxo con que el futuro subsecretario se maneja sobre temas complejos. El riesgo de criminalidad de alta complejidad que tiene el país, las amenazas a sus infraestructuras críticas digitales, el crimen común de narcotráfico, colonización criminal de ciudades, tráfico de personas, lavado de activos y un largo etcétera indican que difícilmente él pueda relacionarse en confianza con las principales estructuras institucionales del Estado y coordinar eficientemente su acción. Especialmente el Ministerio Público y las áreas de inteligencia policial y de las FF.AA. Incluso con el resto de sus colegas ministeriales como Interior, Defensa, Justicia y Hacienda.
En segundo lugar, porque Chile tiene una administración con baja propensión a la colaboración inter-agencias, y menos aún a la transparencia. Un ministerio nuevo como el de seguridad requiere de una alta colaboración Inter agencias, y de un alineamiento claro de parte de aquellas que tienen más información. Para ello es clave el subsecretario. Pero la confianza no lo favorece y los ambientes de desconfianza impiden la entrega de información, e incentivan la competencia por los recursos presupuestarios. En un ministerio nuevo, todo es nuevo, valga la redundancia. Y es peor si la validación de sus acciones y políticas dependen del día a día operativo. Jouannet llega con desventaja para despejar la atmósfera y obtener cooperación. Al contrario, la enrarece. Especialmente en un área tan sensible y compleja como la industria del juego, en todas partes sospechosa de lavado de activos, industria que está o estuvo en el interés societal directo de Jouannet. El juego está penetrando aspectos recónditos de la economía, y a estas alturas las máquinas tragamonedas que lo complican son apenas, un vicio de almacén para amas de casa.
En tercer lugar, Chile tiene un problema de inteligencia estratégica de Estado que no ha podido solucionar. En este tipo de inteligencia -que hoy se requiere urgentemente en el país- la producción y contrastación de información de inteligencia para fundamentar políticas y agenciar planes operativos, incluso en condiciones de máxima normalidad, es muy difícil. El tema se transforma en algo más complejo aún en las actuales condiciones de crisis judicial y del sistema penal que vive el país. Chile tiene historial en la materia, lo que se puede apreciar en lo que es la ANI.
El pie forzado en que Andrés Jouannet está entrando al ministerio ya no es su problema sino directamente un problema del presidente electo. Si mantenerlo indica improvisación en la principal materia del próximo gobierno que es la seguridad o, por el contrario, un acierto de un líder político innovador, eso está por verse. Pero no cabe duda de que es un hecho que distorsiona la transparencia del escenario político de seguridad.
