Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría General de la República determinó que los antecedentes son “constitutivos de delitos”, por lo que remitió toda la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien acciones penales.
Un demoledor informe de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa la gestión de la Delegación Presidencial de Valparaíso durante la emergencia del megaincendio de febrero de 2024. La auditoría, que analizó contratos por cerca de $9.000 millones, reveló una serie de irregularidades graves que incluyen pagos por servicios no realizados, duplicidad de turnos y sobreprecios exorbitantes en el arriendo de maquinaria pesada.
El misterio de la «maquinaria fantasma» Uno de los puntos más críticos del documento, emitido por el organismo que dirige Dorothy Pérez, es la detección de pagos por $525 millones que carecen de respaldo real. En el caso de la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA, se pagaron $125 millones por turnos de camiones cuya ejecución “no pudo ser verificada”.
Aún más complejo es el escenario con la firma San Nicolás SpA. Allí se detectaron desembolsos por más de $399 millones respaldados con “fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida”. Según los fiscalizadores, esto configuró situaciones de “maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada”, lo que impidió dar fe de que los servicios efectivamente se prestaron a la comunidad afectada en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Sobreprecios de hasta un 557% La lupa de la Contraloría también identificó un perjuicio millonario a las arcas fiscales mediante el cobro de sobreprecios. Al comparar los valores pagados por la repartición —que en ese entonces lideraba Sofía González (PC)— con otros organismos públicos, se hallaron diferencias de hasta un 378% en arriendos.
El hallazgo más alarmante involucra nuevamente a San Nicolás SpA: la empresa cobró al Estado montos que superaban en un 557,89% lo que ella misma pagaba a sus subcontratistas. Según el informe, esta maniobra implicaría “sobreprecios por más de $4.200 millones”. Además, se constató que la firma no contaba con maquinaria propia suficiente y subcontrató la totalidad de las faenas sin autorización legal.
Caos administrativo y conductores «multitarea» El desorden interno en la Delegación llegó a niveles insólitos. La auditoría detectó registros de vehículos operando simultáneamente en distintos turnos y casos de conductores que “figuraban operando más de una máquina al mismo tiempo”. A esto se suma el uso de patentes no inscritas en el Registro Civil y certificaciones técnicas con irregularidades.
El informe es tajante al describir un “descontrol total”, mencionando retrasos de más de 400 días en el pago de facturas y la omisión de trámites obligatorios como la «toma de razón». La Contraloría concluyó que estas fallas no son meros errores administrativos, sino “hechos consolidados, no susceptibles de corrección”, que dan cuenta de debilidades estructurales en el control de los recursos públicos.
Acciones legales en curso Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo determinó que los antecedentes son “constitutivos de delitos”, por lo que remitió toda la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien acciones penales.
El documento cierra con una advertencia severa: si bien las catástrofes exigen respuestas rápidas, esto “no exime del cumplimiento de la legalidad ni del deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos”. Actualmente, la Delegación deberá enfrentar sumarios administrativos para determinar las responsabilidades políticas y técnicas de este millonario desfalco.
