Según la documentación judicial, los pagos realizados a Ignacio Leiva entre los años 2020 y 2024 alcanzaron un total de $111.535.056. Lo más alarmante de la denuncia es la supuesta labor que desempeñaba el receptor de estos fondos. Rica Santiago sostiene que Leiva actuaba prácticamente como un “agente encubierto de la tabacalera”.
Una grave acusación de corrupción y lobby encubierto sacude al sector tabacalero en el país. La agencia de publicidad Rica Santiago, de propiedad del experimentado publicista Claudio Santis Mangiola, interpuso una querella criminal contra British American Tobacco (BAT Chile) por los presuntos delitos de lavado de activos y estafa. La acción penal, presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, revela un esquema donde la tabacalera habría utilizado a la agencia para pagar a un lobista que operaba bajo la fachada de un activista independiente.
Una «curiosa solicitud» bajo presión La relación comercial entre ambas entidades comenzó a fines de 2018 para desarrollar estrategias comunicacionales de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, la querella detalla que en septiembre de 2019, Julio Vandorsee, ejecutivo de BAT, solicitó a la agencia gestionar el pago de un asesor externo llamado Ignacio Leiva Benítez por un monto de $900.000 líquidos.
Desde la agencia aseguran que “el tema nos pareció extraño y bastante incómodo”, e intentaron negarse en varias ocasiones. No obstante, ante la insistencia de Vandorsee, accedieron a lo que describen como una triangulación de pagos: Rica Santiago pagaba a Leiva y luego BAT reembolsaba el dinero. Esta práctica se transformó en una “condicionante para la continuidad” de sus servicios, obligando a la agencia a descontar mensualmente 60 UF de sus propios honorarios para financiar a Leiva.
Más de $111 millones para influir en el Congreso Según la documentación judicial, los pagos realizados a Ignacio Leiva entre los años 2020 y 2024 alcanzaron un total de $111.535.056. Lo más alarmante de la denuncia es la supuesta labor que desempeñaba el receptor de estos fondos. Rica Santiago sostiene que Leiva actuaba prácticamente como un “agente encubierto de la tabacalera”.
A pesar de que Leiva se presentaba públicamente como un “activista anti-tabaco” y ocupaba el cargo de presidente de la ONG ASOVAPE (Asociación de consumidores de vapeadores de Chile), su función real habría sido otra. La querella afirma que su labor consistía en “influir en la opinión pública y especialmente parlamentarios de la comisión de salud de la cámara y senado, para obtener una ley que regulara la situación de los cigarrillos electrónicos, ajustada a los intereses de la tabacalera BAT”.
El fin de la operación tras la nueva ley La agencia subraya la existencia de “evidentes conflictos de intereses y éticos” en el actuar de Leiva. De acuerdo con la acción penal, una vez que se cumplió el objetivo de aprobar la Ley Nº 21.642, que establece el marco regulatorio para los vapeadores, la tabacalera procedió a desvincular al lobista.
Para los querellantes, esto confirma que Rica Santiago fue utilizada como un mero intermediario para ocultar el financiamiento directo de BAT hacia quien lideraba una organización de consumidores. El caso pone nuevamente en tela de juicio la transparencia en la tramitación de leyes sensibles y la efectividad de los registros de lobby en el Congreso Nacional.
