El fiscal Juan Zepeda detalló que “los dineros fueron depositados en las cuentas bancarias de las coimputadas”, identificadas como Francisca Llanos (hermana del imputado), Camila Eyzaguirre (su pareja en ese entonces) y Nicole Zerené
La justicia en el norte del país dio un paso clave en una investigación que afecta a decenas de familias que soñaban con la casa propia. La Fiscalía de Iquique formalizó este martes a Franco Rossi Rodríguez, hijo del exsenador Fulvio Rossi, junto a otras tres personas, por su presunta responsabilidad en una millonaria estafa que alcanzaría los 145 millones de peso
El «gancho» del apellido y las redes sociales Según los antecedentes expuestos por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, el mecanismo para captar a las víctimas se basó en la confianza. Durante 2022, Rossi habría utilizado Facebook para ofrecer asesorías legales, presentándose como “abogado” y convocando a la formación del comité de vivienda “Akatsuki”.
La Fiscalía sostiene que su reconocimiento público en la Región de Tarapacá, al ser hijo de una conocida figura política, fue determinante para que los interesados bajaran la guardia. Bajo esta fachada, las familias entregaban montos de entre 13 mil y 25 mil pesos para supuestos gastos administrativos. Sin embargo, el fiscal Juan Zepeda detalló que “los dineros fueron depositados en las cuentas bancarias de las coimputadas”, identificadas como Francisca Llanos (hermana del imputado), Camila Eyzaguirre (su pareja en ese entonces) y Nicole Zerene.
“Viviendas Sarmenia”: El proyecto en zona de inundación La ambición de la organización no se detuvo ahí. En noviembre de 2022, Rossi impulsó un segundo proyecto a través de WhatsApp denominado “Viviendas Sarmenia”, el cual sumó a más de 120 personas. En esta instancia, las exigencias económicas fueron mayores: se solicitó un pago inicial de $600 mil para gestiones y otro monto similar como adelanto para la supuesta compra de terrenos en la playa Sarmenia.
La inquietud de los vecinos comenzó en 2023, cuando los plazos no se cumplieron y las excusas se volvieron recurrentes. La sospecha se transformó en certeza cuando las familias consultaron directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). La respuesta fue categórica: el terreno en cuestión no era apto para construir, ya que se encuentra en una “zona de inundación”.
Sin rastro del dinero Cuando las víctimas intentaron recuperar sus ahorros, se encontraron con un muro. Una de las coimputadas, Camila Eyzaguirre, señaló que ya no tenía vínculo con Rossi y que “desconocía el paradero de los dineros”. A pesar de las constantes insistencias, el imputado nunca restituyó los fondos que, según la investigación liderada junto a la PDI, superan los 145 millones de pesos.
Tras la audiencia, el tribunal decidió aplicar la medida cautelar de arraigo nacional para los cuatro formalizados, estableciendo un plazo de 120 días para que la Fiscalía complete la investigación. Cabe recordar que, según el Código Procesal Penal, los imputados no deben ser considerados culpables hasta que exista una sentencia firme en su contra
