La investigación que comenzó como una arista del Caso Convenios ha derivado en la detención del fundador de la organización, Alberto Larraín, y pone bajo la lupa penal al gobernador de la Región Metropolitana.
El escenario judicial para la fundación ProCultura ha alcanzado un punto crítico. Tras el cese de sus actividades en noviembre de 2023, la entidad que alguna vez se presentó como una “fundación sin fines de lucro” dedicada a mejorar el bienestar social mediante la cultura y el patrimonio, enfrenta hoy graves acusaciones de fraude al fisco. En sus últimos comunicados, la organización intentó defenderse de la interrupción de fondos públicos denunciando una “brutal discriminación basada en una mera coyuntura política”, refiriéndose al estallido del Caso Convenios.
Un crecimiento financiero bajo sospecha
Desde su creación en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, ProCultura mantuvo un perfil bajo hasta el año 2021. Sin embargo, sus ingresos provenientes de organismos del Estado experimentaron un salto exponencial con el cambio de administración: de recibir aproximadamente $316 millones en 2021, la cifra se disparó a más de $3.282 millones en 2022. Actualmente, la Fiscalía investiga contratos que suman cerca de $6 mil millones distribuidos en diversas regiones del país.
Inestabilidad en la fiscalía y escuchas polémicas
La causa ha estado marcada por la salida de dos fiscales regionales. Primero, Carlos Palma fue desplazado tras verse involucrado en el «Caso Audio» por contactos con el abogado Luis Hermosilla. Posteriormente, el fiscal Patricio Cooper fue apartado luego de que la justicia declarara ilegal la intervención del teléfono de la psiquiatra Josefina Huneeus.
Dicha intervención telefónica es clave, ya que en ella se habría registrado una conversación con el Presidente Gabriel Boric, que despertó alertas sobre un posible financiamiento anómalo de su campaña electoral en 2021. Esta arista también ha involucrado a otras figuras políticas como Irina Karamanos —quien trabajó en la fundación y declaró como testigo—, el exasesor Miguel Crispi, y varios gobernadores regionales que fueron objeto de solicitudes de interceptación telefónica.
El factor Orrego y el programa «Quédate»
El avance más reciente y significativo ocurrió el pasado 30 de enero, con la detención de Alberto Larraín por irregularidades vinculadas al Gobierno Regional (GORE) de Santiago. La investigación se centra en el traspaso de $1.600 millones destinados al plan de prevención del suicidio denominado «Quédate».
El Ministerio Público sostiene que este contrato pudo verse favorecido por la estrecha relación entre Larraín y el gobernador Claudio Orrego, quien actualmente figura en calidad de imputado y sobre quien pesa una solicitud de desafuero. Junto a Larraín, han sido formalizados exdirectivos de la fundación y exfuncionarios del GORE por el delito de fraude al fisco.
