El abogado querellante Cristián Cruz enfatizó que el exagente «destacó por su brutalidad», lo que justifica su inclusión en el listado del ICE denominado «Lo peor de lo peor», que agrupa a extranjeros con graves antecedentes penales, entre los que figuran 42 chilenos.
La detención en Estados Unidos de Armando Fernández Larios, excapitán del Ejército y antiguo agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ha reactivado las expectativas de justicia en Chile por crímenes de lesa humanidad. El exuniformado de 75 años fue capturado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Fort Myers, Florida, en el marco de un operativo migratorio.
«Uno de los más temibles de la dictadura»
Fernández Larios no es un nombre desconocido para los tribunales chilenos. Su historial en la DINA lo sitúa como un actor clave en los episodios más oscuros del régimen militar. El abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luciano Fouillioux, lo describió en conversación con Cooperativa como «uno de los personajes más temibles, más perfilados del régimen o de la zona represiva, del gobierno comandado de facto por el general Augusto Pinochet».
Según los antecedentes, Fernández Larios actuó como «el lugarteniente, la mano derecha del general (Manuel) Contreras» desde la creación de la policía secreta. Se le vincula directamente con el seguimiento al general Carlos Prats en Argentina en 1974, y con la fase operativa del atentado en Washington que costó la vida al excanciller Orlando Letelier y a Ronni Moffitt en 1976. En este último caso, Fouillioux señala que el agente «introdujo toda la parte operativa y a escasas cuadras de la embajada de Chile, donde remataron al canciller Letelier». Además, se le imputa participación en la Caravana de la Muerte en La Serena, donde habría seleccionado al azar a detenidos para ser ejecutados.
Por su parte, el abogado querellante Cristián Cruz enfatizó que el exagente «destacó por su brutalidad», lo que justifica su inclusión en el listado del ICE denominado «Lo peor de lo peor», que agrupa a extranjeros con graves antecedentes penales, entre los que figuran 42 chilenos.
El laberinto judicial y la extradición pendiente
A pesar de que Fernández Larios mantuvo por años la calidad de testigo protegido en Estados Unidos tras colaborar en el caso Letelier, su estatus cambió drásticamente. Ya contaba con una condena civil en dicho país por el asesinato de Winston Cabello en Copiapó, tras una demanda de los familiares que resultó en una indemnización de 40 millones de dólares que nunca fue cancelada.
Hoy, la justicia chilena mantiene vigentes al menos cinco peticiones de extradición por causas como la Caravana de la Muerte y el homicidio del diplomático Carmelo Soria. Fouillioux anticipa un desenlace severo tras su eventual expulsión: «va a aterrizar en Santiago y va a pasar derecho a la cárcel (…) vamos a tener a un capitán de ese entonces, que no va a salir nunca más de la cárcel a satisfacción».
Polémica por el manejo de Cancillería
El arresto también ha generado tensiones políticas internas en Chile. Mientras la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que el Gobierno está a la espera de los pasos judiciales para el proceso de deportación, las declaraciones del canciller Alberto van Klaveren han sido blanco de críticas. El ministro aseguró que el Ejecutivo sabía que el exmilitar estaba bajo custodia estadounidense «hace bastante tiempo».
Esta afirmación fue cuestionada por la abogada del caso Caravana de la Muerte en Calama, Karinna Fernández, quien calificó la respuesta como «absolutamente inapropiada». La jurista manifestó que «es muy preocupante habernos enterado de una noticia como esta a través de las redes sociales del ICE en Estados Unidos y no a través de la vía destinada para estos efectos, que es Cancillería», advirtiendo que la ministra instructora de las causas, Paula Plaza, no habría sido informada oportunamente.
Actualmente, el escenario permanece abierto entre una deportación administrativa —impulsada por la política migratoria de Donald Trump, quien lo habría incluido como «sujeto no deseado, porque lo es», según Fouillioux— o una extradición pasiva solicitada formalmente por el Estado chileno.
