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Grupo de pobladores obliga a cambiar el curso del desalojo en San Antonio

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que existen pobladores que reclaman propiedad sobre el terreno, por lo que, «en una actitud de prudencia y para evitar tener alguna situación compleja, preferimos por ahora mantener sin intervención la parcela 15».

Un giro judicial de último minuto alteró el cronograma del masivo operativo de desocupación en la megatoma del cerro Centinela este jueves 15 de enero. La presentación de un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso frenó las intervenciones programadas en la parcela 15, obligando a las autoridades a reorientar sus esfuerzos hacia el sector de Bosques de Mar.

La decisión del Gobierno de modificar la planificación original responde a una estrategia para evitar escaladas de violencia mientras se espera el pronunciamiento del tribunal de alzada porteño. Respecto a la situación en la parcela 15, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que existen pobladores que reclaman propiedad sobre el terreno, por lo que, «en una actitud de prudencia y para evitar tener alguna situación compleja, preferimos por ahora mantener sin intervención la parcela 15».

A diferencia de los focos de resistencia registrados a inicios de semana en otros sectores, el panorama en Bosques de Mar —un área de aproximadamente 9 hectáreas— ha sido de relativa calma. Según la autoridad regional, «el lugar es tranquilo y con presencia de vecinos asociados a las cooperativas» que forman parte del plan habitacional que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) proyecta ejecutar en los terrenos a expropiar.

El proceso en esta zona se ha caracterizado por la colaboración de los mismos ocupantes, quienes han iniciado el desmantelamiento de sus estructuras de forma voluntaria. Sobre este punto, el delegado Riquelme detalló que «hay una actitud bastante tranquila de los pobladores. Están muchos de ellos con su viviendas desarmadas y hay otros desarmando», contando con el apoyo de camiones de la Delegación Provincial y la Municipalidad de San Antonio para el traslado de sus pertenencias.

Finalmente, en cuanto a la red de protección social para las familias desplazadas, se informó que «ya se ha estado trabajando en la zona, ya han ido tomando los primeros contactos y hasta el momento nadie ha solicitado albergue». La mayoría de los residentes está gestionando su salida a través de redes familiares o mediante su integración en los proyectos habitacionales definitivos contemplados por el Estado.

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