Nicolás Maduro, un dictador corrupto, sátrapa y abusador que conculcó todas las libertades cívicas y políticas de Venezuela, sometiendo a su pueblo al hambre, la inseguridad y el exilio, dejó como último legado la indignidad de ni siquiera tratar de defenderse de los extranjeros que vinieron a secuestrarlo. Su derrocamiento, captura y juzgamiento son actos que correspondían a decisiones de un tribunal venezolano o, en su defecto, a un tribunal de carácter internacional. Eso es lo legítimo.
La acción norteamericana de extraerlo violentamente de Venezuela es un secuestro puro y duro condenado por la ley, pues hasta los peores criminales tienen derechos. El secuestro, ejecutado en un ambiente de sostenidas hostilidades bélicas en el Caribe en contra de Venezuela, que incluyen asesinatos a mansalva de civiles supuestamente vinculados al narcotráfico, con uso desproporcionado de medios militares, constituyen una cadena de delitos comunes además de graves violaciones al derecho internacional.
Las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump de que Estados Unidos se haría cargo del gobierno de Venezuela y que se requiere acceso absoluto al petróleo del país indican que el objetivo nunca fue la restauración de la democracia sino el control de los yacimientos petrolíferos venezolanos. Es decir, un acto de usurpación y piratería.
Las declaraciones de los altos funcionarios del gobierno norteamericano y del presidente Trump de juzgar a Maduro y esposa en tribunales norteamericanos y con “todo el peso terrible de la ley” indican que no hay garantía de debido proceso para él, en una legislación que incluye pena de muerte para alguno de los delitos que se les imputan a Maduro y su esposa Cilia Flores.
Maduro encabezó un régimen, es decir un sistema institucional de cargos públicos que simulaban y/o ejercían administración y gobierno. Al determinar y apoyar la continuidad de ese mismo régimen, con la excepción de Nicolás Maduro o algún otro jerarca, Estados Unidos ha decidido unilateralmente declarar a Venezuela un Protectorado, y manejar su gobierno como un gobierno títere y sometido a su discrecionalidad.
El desconocimiento del aporte y derecho de Edmundo González y de Corina Machado, líderes morales y políticos de la oposición al régimen de Maduro, para participar de la normalización democrática de Venezuela, es un acto de humillación al pueblo venezolano y su soberanía, que en las elecciones de julio de 2025 les dio el triunfo en las urnas que el secuestrado Maduro desconoció.
En ese orden de cosas, la dignidad, la democracia y la soberanía de los pueblos se defienden con la verdad, de frente y con vigor, sin excusas ni zonas grises. El tema de fondo es la DEMOCRACIA EN VENEZUELA, que ninguno de los actores enfrenta de manera diáfana y clara. El sistema interamericano y todos los mecanismos de paz internacional deben activarse para levantar una presión moral y política para que se reinstale la democracia en Venezuela, Maduro y su red de funcionarios corruptos deben ser sometidos a juicio por tribunales independientes; y los Estados Unidos cese sus hostigamientos bélicos en el Caribe y en todo el hemisferio occidental y se someta a un cumplimiento estricto del Derecho Internacional.
