No cabe duda de que la Mujer del Año es la Contralora General de la República Dorothy Pérez. La sencillez, claridad, contundencia e incidencia política de sus decisiones resultan hasta ahora sobresalientes, en medio de un ambiente políticamente mediocre y lleno de lugares comunes.
Entre las medidas impulsadas por la contralora está el Informe elaborado por una Comisión Asesora Externa de la CGR que presidió José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia y de Defensa en gobiernos anteriores. El Informe, formalmente entregado la primera semana de diciembre de 2025 tiene el sugerente título “Medidas para el Fortalecimiento Institucional en el Combate a la Corrupción”.
Sin perjuicio de que se trata de un trabajo minucioso y de excelente factura técnica, literatura obligada en los próximos años sobre el curso de la organización y funcionamiento de la administración del país, se percibe en su texto una ausencia importante que le resta algo de claridad y equilibrio a las conclusiones. Se trata de que no tiene una referencia clara al Poder Judicial, o a algún organismo de su dependencia como sería el caso de la Corporación Administrativa (CAPJ), al momento de explayarse sobre la necesidad de disminuir “los espacios de opacidad” o sin control en sectores del Estado.
Para la opinión pública nada es más relevante que el funcionamiento de la justicia en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En especial de los jueces y tribunales, en los que reside la confianza ciudadana de que los procedimientos no están viciados y la aplicación de la ley es igual para todos. Algo que hoy tienen un gran signo de interrogación en el país dada la crisis de probidad al interior de la judicatura.
El texto tiene referencia explícita a esos espacios de opacidad, pero lo hace con organismos constitucionales autónomos secundarios para ejemplificar las bregas de control basadas en fueros autonómicos con la CGR. Los ejemplos se centran en el Consejo Nacional de TV, se matizan con menciones al Tribunal Constitucional, e incluso en diferentes partes se hace referencia circunstancial al Poder Legislativo y al Ministerio Público, pero nada directo al Poder Judicial. Así, la relación del tema con este hay que extraerla a modo de subtexto o por proyección lógica.
El Poder Judicial en su necesidad de recomponerse de su crisis actual inevitablemente deberá interactuar con la CGR posiblemente de una manera funcional y más coordinada. Por variadas razones entre las que se incluyen las legislativas necesarias para coordinar digitalmente al Estado de Chile en los próximos dos años. Pero no es fácil dado el hermetismo tradicional del PJUD y que entre los temas de mayor atraso este el más sensible.
La táctica suave del informe de asesoría externa podría ser un gesto de delicada diplomacia administrativa de Dorothy Pérez ante otra mujer, Gloria Chevesich elegida para presidir la Corte Suprema, y quien se supone es una dura defensora de la obligación de comportamiento ético de los jueces, pero también de los fueros autonómicos del Poder Judicial.
Hace pocos días se conoció que el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ, Mario Lara Orellana habría vendido un software de uso exclusivo al Poder Judicial de República Dominicana. La ministra Chevesich, miembro del Consejo Superior de la CAPJ, se puso de acuerdo con el resto de sus colegas del Consejo Superior de la CAPJ para realizar una investigación secreta sobre el caso “a fin de no dañar más la imagen del Poder Judicial” (sic).
Dada su trayectoria y carácter no parece fácil que Gloria Chevesich, en medio de la crisis actual del PJUD, desee o pueda alinearse con la estrategia de transparencia, coordinación y digitalización de los servicios que postula Dorothy Pérez. Su elección ha sido para presidir la Corte Suprema por dos años, el cual es un gobierno corporativo de enormes intereses internos y una historia bastante oscura. Y peor aún, con un poder basado en la unanimidad de un perfecto empate en la votación que la eligió.
Los primeros elementos de juicio sobre si habrá colaboración o lucha entre la Contraloría y el Poder Judicial aparecerán cuando Chevesich asuma la presidencia de la Corte Suprema el 1 de marzo de 2026. Primero según su discurso y luego por las acciones que tome y si las toma.
Porque ya se sabe que los arreglos de corrupción y vicios del Poder Judicial dependen en gran medida de la falta de control sobre la CAPJ y la autonomía con la que actúa, algo que Chevesich conoce muy bien. Ella, habiendo sido miembro del Consejo Superior sabe o conoce que esa institución es la manilla que abre la puerta para acceder a un tribunal amigo (casos Camiones Truchos, Quiebra de Curauma, Insolvencia Transfronteriza de Latam), poder adulterar un archivo penal y tener llegada a los medios con TV y Radio del PJUD pagados por todos los ciudadanos. Que es la mayor zona de opacidad del Poder Judicial, que maneja el dinero y que en gran medida es responsabilidad de los miembros de la Corte Suprema que ello haya llegado a este punto. Desbaratarla sería parte de la tarea que la espera. Cosa nada fácil porque no se trata solo de dineros, hay normas y procedimientos transgredidos que deben ser resueltos.
