A las 5 de la mañana del domingo 14 de diciembre, llegó a los teléfonos de cientos de personas el siguiente mensaje
“Lipigas por Kast #Evópoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz”. La consigna despertó al 10% de los clientes de la distribuidora, que tienen instalada la aplicación «Lipigas Mi Cilindro».
A pocas horas de las elecciones presidenciales, el mensaje que rápidamente se difundió por las redes, generó molestia y una denuncia por transgredir la ley electoral, desde el comando de Jeanette Jara.
El Ministro de Seguridad Luis Cordero puso el foco en la infracción a la ley de datos personales. «Lo estaremos observando con atención, principalmente la agencia de ciberseguridad y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan», dijo Cordero.
En una línea similar reaccionó la ministra Camila Vallejo, que desde la Segegob impulsa una campaña contra la desinformación en internet. «Yo no recuerdo, algún caso similar donde se envía mensajería de manera masiva fuera de período electoral, usando o accediendo de manera ilegal a los datos personales para incentivar o llamar de cierta manera a votar“, enfatizó la ministra.
La empresa, reconoció el ataque. “De acuerdo con la información recabada hasta el momento, durante la madrugada de hoy, 14 de diciembre de 2025 a las 4:48 AM, se detectó un acceso no autorizado a la plataforma de mensajería Onesignal, proveedor externo de Lipigas, que controla los mensajes y notificaciones que se envían por medio de la aplicación LipiApp a los clientes», explicó en un comunicado público.
«Los protocolos de seguridad de Lipigas se activaron inmediatamente y diez minutos más tarde, a las 4:58, la compañía bloqueó los envíos fraudulentos que se estaban produciendo. A las 5:15, bloqueó un nuevo envío y a las 6 AM previno otros envíos que podrían haberse generado», agregó la empresa, informando que el mensaje fue recibido por el 10% de sus clientes, y que la investigación interna comenzó apenas se contuvo el ataque. Lipigas ingresó una denuncia por presunto sabotaje informático en el Ministerio Público.
Por su parte, la Agencia Nacional de Ciberseguridad,(ANCI) comenzó una investigación para establecer posibles sanciones administrativas.
“La ley marco de ciberseguridad define sanciones que son independientes del proceso penal que eventualmente se desarrolle. Si la agencia determina que una entidad incumplió obligaciones de la ley o las instrucciones generales de la agencia -por ejemplo, no reportar un incidente de manera oportuna o no implementar medidas de seguridad exigidas-, puede imponer multas y otras medidas administrativas, aunque exista un proceso penal abierto por los mismos hechos», aseguró el abogado Daniel Álvarez, director de la ANCI precisando que el análisis del caso estará a cargo del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT.
Este no es el primer incidente que muestra la sombra del sabotaje informático. En el debate presidencial, organizado por la Anatel, la candidata Jeanette Jara fue confrontada con un documento, oficial de la empresa Autopase, que mostraba el pago de multas en las autopistas, recién hace un mes, y no como ella había dicho, que fueron pagadas cinco años atrás.
Jara al día siguiente mostró otro documento de la empresa, que confirmaba su versión, consignando que las multas se pagaron en 2020.
La empresa no habló de hackeo pero si de una «inconsistencia» en los datos relacionados con el historial de Jara. “Tras revisar los antecedentes, detectamos una inconsistencia entre las fechas de pago informadas en el certificado y la fecha real en que la usuaria canceló la deuda». El incidente obligó a la empresa a desactivar por unas horas la entrega de certificados.
Aunque confirmaron la versión de Jara, el documento inicial con la «mentira» de la candidata, ya había circulado profusamente en redes.
La funcionaria y Boric
Tampoco este es el primer incidente informático en el contexto de unas elecciones presidenciales. El 27 de octubre de 2021, un mes y medio antes de la primera vuelta presidencial que ganó Gabriel Boric, la funcionaria del Poder Judicial, Carolina Roldán, accedió desde su casa en Puente Alto a una causa por hurto en la que aparecía Boric, en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Roldán incorporó un documento con el siguiente mensaje “Por hurto en contra de Boric y reemplazaron la documentación para que no se supiera qué tenía, averigua”.
Después de tres años de investigación, la imputada reconoció los delitos de ingreso ilícito y alteración de datos informáticos. En un juicio abreviado, Roldán fue condenada a 61 días de presidio remitido, el 22 de mayo de este año.
Hasta ahora, no se conocen los documentos en que el Poder Judicial reconoce la magnitud de la vulneración a sus sistemas en este caso, se trata de tres oficios enviados al Ministerio Público. Lo que si parece evidente es la vulnerabilidad respecto de la «seguridad de borde» o Edge Security, que protege las redes de datos y recursos de amenazas como el malware y la mantención de modelos de seguridad como el Zero Trust Network Access (ZTNA)
El algoritmo manipulado
Otro caso emblemático de sabotaje informático es el que rodea a la quiebra irregular de la inmobiliaria Curauma iniciada el 2013, a partir de una deuda reclamada por Julio Bustamante, ex superintendente de AFP, por el supuesto no pago de $80 millones. Aunque los activos de la inmobiliaria están avaluados en US$500 millones, la presentación de Bustamante, bastó para que la causa fuera trasladada desde Valparaíso a Santiago.
La defensa de Manuel Cruzat, controlador de la inmobiliaria Curauma, acusa sabotaje informático en la asignación del juzgado que tramita esta causa. Los denunciantes tienen sospechas fundadas de que el algoritmo para asignar causas de forma aleatoria, fue manipulado.
Por carga de trabajo, que es uno de los criterios de asignación, la causa correspondía al 6° Juzgado Civil de Santiago, que en ese momento, tenía 14.027 causas. Sin embargo, la tramitación fue asignada al 2° Juzgado Civil, que tenía 15.200 causas. La probabilidad de que la causa recayera en este tribunal era de 1,75 en 1000.
El equipo de abogados que representa a Curauma se querelló por sabotaje informático. “la querella por delitos informáticos se sustenta en que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) alteró los algoritmos de asignación de causas, para asignar la quiebra de Curauma S.A al 2° Juzgado Civil de Santiago, en circunstancias que correspondía conocer al 6° Juzgado Civil de Santiago, por ser el tribunal con menor cantidad de ingresos totales, según lo informado por esa Corporación a la Corte Suprema a petición de don Manuel Cruzat”, afirmó la abogada Jesica Torres a Interferencia.
Otro caso que fue asignado al 2° Juzgado Civil, fue el de la insolvencia transfronteriza de Latam, aunque debió ser asignado por el criterio de carga de trabajo al 15° Juzgado Civil de Santiago. En ambos casos, estuvieron vinculados abogados del estudio Claro y Cia. En este tribunal la compañía aérea pudo continuar con singular rapidez su proceso de reorganización.
Algo más similar ocurrió con la quiebra de la inmobiliaria Don Balta, que debió ser asignada al 17° Juzgado Civil de Santiago, pero cayó nuevamente en el 2° Juzgado Civil de Santiago y el devenir del caso es similar al de Curauma.
“En el caso de la quiebra de la Inmobiliaria Don Balta S.A. se despojó de la propiedad de un inmueble a personas que nunca fueron emplazadas al proceso de acción revocatoria, lo que a pesar de ser inexplicable, fue respaldado por resoluciones judiciales emanadas de ese tribunal”, explicó Jesica Torres.
«En este caso es más evidente la manipulación ya que la CAPJ contesta a la Corte Suprema que deshabilitó el Tribunal que correspondía por haber ingresado una causa con mucho documentos, reconociendo que existió una alteración del algoritmo, sin explicar la razón ni la autorización, ni los protocolos que lo habilitaban para ello”, concluye la abogada.
