Un reciente análisis de los procedimientos de Autorización Sanitaria para la instalación de salas de procedimientos de atención abierta, amparados por el Decreto N° 283 del MINSAL, revela una profunda disparidad regulatoria entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso. Mientras la capital exige solo 18 requisitos formales, las comunas de la Quinta Región deben cumplir con 36 requisitos, duplicando la carga burocrática y actuando como una barrera estructural contra el emprendimiento y el acceso a nuevos servicios de salud. El candidato a diputado por el Distrito 6, Manuel Millones, calificó como «permisología de doble costura y un freno al desarrollo», el desincentivo a la inversión en zonas que reclaman por dinamización económica.
«Lo que está ocurriendo con la autorización sanitaria es un ejemplo burdo de cómo el centralismo asfixia a las regiones. No es un tema de resguardo sanitario, es un exceso de celo burocrático que nos pone a competir con desventaja estructural», declaró el ex CORE de Valparaíso.
Millones explicó que el mismo trámite que habilita un centro médico u odontológico exige criterios radicalmente distintos dependiendo de si el formulario se ingresa en Santiago o en comunas como Viña del Mar o Quilpué.
«El Estado, que promueve la descentralización con una mano, nos golpea con la burocracia con la otra. Para la instalación de una sala de procedimientos ambulatoria, en la Región Metropolitana solo se exigen 18 requisitos. Pero cuando el emprendedor quiere invertir en Villa Alemana, La Calera o San Felipe, el sistema lo castiga con un protocolo de 36 requisitos», detalló Millones, enfatizando que se exige el 200% de la carga administrativa sin ninguna justificación clínica o epidemiológica que lo sustente.
El candidato afirmó que esta «doble costura regulatoria» no solo afecta a los inversionistas privados en salud, sino también a la capacidad del sector público. «Un CESFAM en Limache o un centro privado en Los Andes deben cumplir con la misma carga documental desproporcionada. Esto encarece los proyectos, retrasa la apertura y, en última instancia, reduce el acceso a servicios de calidad para nuestros vecinos», agregó.
Millones finalizó con un llamado enérgico: «Es urgente que el Ministerio de Salud y la SEREMI de Valparaíso terminen con esta discrecionalidad. La retórica pro-regiones requiere coherencia normativa. Vamos a impulsar la fiscalización y la homogenización de los criterios para que emprender en salud en el Distrito 6 sea tan factible como lo es en la capital.»
