En una declaración pública, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, desechó seguir adelante con la mesa de trabajo establecida por el Ministerio de la Vivienda y pobladores de la toma de San Antonio.
«En el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto». «Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación», afirman.
Según la inmobiliaria, redujeron el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, «accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno».
La propietaria del terreno afirmó que «en los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo. Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado».
El MINVU y su versión
Con relación al cumplimiento del plazo de duración de la Comisión Técnica, encargada de reportar sobre el precio, condiciones y garantías para la posible venta del terreno del macrocampamento de Cerro Centinela, en San Antonio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) declaró que «tras 17 sesiones, los resultados no fueron los esperados».
«Los principales obstáculos consistieron en la diferencia en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas quienes han abordado esta operación como “una compraventa más”, Los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos conforme al principio de libertad de contratación, pero una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida», agregó el Ministerio de la Vivienda.
Con relación a la diferencia en la tasación, aseguró que «el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu – en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias».
«En específico, el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. Nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso», sostuvo el MINVU.
Sin perjuicio de todo lo descrito anteriormente, el Ministerio informó que sigue a disposición de seguir trabajando para factibilizar la adquisición de los terrenos por parte de las familias y hace un llamado a los propietarios a reconocer el trabajo realizado y trabajar en destrabar los nudos que impidieron avanzar en los acuerdos.
Pobladores seguirán adelante
La Federación de Cooperativas de Vivienda, que reúne a las 40 cooperativas del Cerro Centinela, lamentó que no se alcanzara un acuerdo para concretar la compra del terreno.
«Como pobladores y pobladoras hemos puesto todo nuestro esfuerzo, voluntad y disposición para lograr un entendimiento que permitiera dar un paso decisivo hacia la seguridad habitacional de nuestras familias. Sin embargo, el alto valor exigido por los dueños ha imposibilitado llegar a un resultado positivo en esta instancia», señalan.
Sin embargo, «pese a este escenario, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera organizada y perseverante. No bajaremos los brazos. Seguiremos impulsando todas las acciones necesarias para alcanzar el sueño de la vivienda digna y definitiva para nuestras comunidades».
