Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe titulado Breaking up with Big Tech (Romper con las grandes empresas tecnológicas) en el que se pide a gobiernos que limiten el poder de las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger los derechos humanos.
Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon y Apple —empresas tecnológicas conocidas como «las cinco grandes»— ejercen una influencia extraordinaria sobre la infraestructura, los servicios y las normas que configuran nuestra vida en la esfera digital. Estas empresas dominan sectores clave de Internet: desde motores de búsqueda y redes sociales hasta tiendas de aplicaciones y computación en la nube. El amplio poder que ejercen, prácticamente sin control, en distintos sectores digitales representa un serio peligro para el derecho a la privacidad, el derecho a la no discriminación, la libertad de opinión y el acceso a la información.
El informe analiza cómo han construido su poder estas grandes empresas tecnológicas, cómo lo mantienen y qué pasos están dando ahora para afianzarlo todavía más en los nuevos campos de la inteligencia artificial.
Según declaraciones de Hannah Storey, asesora de Política e Incidencia sobre Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, «estas pocas empresas actúan como terratenientes digitales que determinan cómo interactuamos en línea».
«Es fundamental abordar su dominación, no sólo por una cuestión de equidad en el mercado, sino también porque constituye un problema de derechos humanos acuciante. Romper estas oligarquías tecnológicas contribuirá a crear un entorno digital justo y equitativo. La inacción a la hora de abordar la dominación de las grandes empresas tecnológicas puede tener consecuencias en el mundo físico, como han demostrado nuestras investigaciones sobre el papel de Facebook en la guerra de Tigré en Etiopía y la limpieza étnica de la población rohinyá en Myanmar.»
En muchos países, estas plataformas están tan integradas en la vida cotidiana que la participación significativa en la sociedad ya depende del uso de sus servicios, lo que les otorga un poder enorme para influir en el discurso público y controlar los flujos de información.
Los casos documentados de eliminación de contenidos, prácticas de moderación incoherentes y sesgos algorítmicos ponen de relieve los peligros de permitir que unas pocas empresas dominen la esfera pública digital.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, entre otras cosas mediante la regulación y la adopción de otras medidas para controlar el poder de las empresas.
Ésta es la primera vez que Amnistía Internacional publica un informe de esta naturaleza para poner de relieve la necesidad urgente de que los Estados aborden el poder descontrolado de estas empresas tecnológicas.
Reguladores y grupos de la sociedad civil de todo el mundo han tomado diversas iniciativas para intentar abordar esta cuestión.
Con la publicación de este enfoque basado en los derechos humanos respecto del derecho de la competencia y el poder de mercado, Amnistía da su respaldo a esas iniciativas.
Los Estados y las autoridades responsables de la competencia deben emplear la legislación sobre la competencia como parte de su caja de herramientas en materia de derechos humanos. Los Estados deben investigar y sancionar las conductas anticompetitivas que perjudiquen los derechos humanos, prevenir la captura del regulador y evitar la conformación de monopolios nocivos.
El informe recomienda, entre otras medidas, que los Estados deben:
- Investigar a las grandes empresas tecnológicas por los perjuicios para los derechos humanos asociados a las prácticas anticompetitivas.
- Desmantelar empresas cuyo poder monopolístico se considere perjudicial para los derechos humanos.
- Investigar el sector emergente de la inteligencia artificial generativa con el fin de determinar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos derivados de prácticas anticompetitivas.
- Bloquear las fusiones y adquisiciones que puedan vulnerar los derechos humanos.
- Integrar consideraciones de derechos humanos en las investigaciones y decisiones en materia de anticompetencia.
