Por Mesa de Desenfoque
En medio de ácidos debates político – electorales, la probidad y la eficiencia pública siempre tienen un lugar destacado. Pero más allá de las promesas de candidatos, la realidad devuelve de manera persistente la falta de coherencia entre promesas y cumplimientos de la política. Y sea por actos u omisiones de las autoridades elegidas, lo prometido no se hace y se produce la desconfianza de que ello ocurre y nunca se logran alinear los intereses de la sociedad con los resultados finales de la política. Aunque los hechos sean evidentes y vistosos, persiste una bruma de sospechas de prevaricación en torno a muchas decisiones de las autoridades.
Uno de esos casos es la protección del patrimonio fiscal en la quiebra de Curauma S.A. posiblemente uno de los proyectos de planificación urbana más innovadores del país que lleva años estancado en una mala y turbia disputa impulsada por especuladores financieros que se apoderaron de los terrenos. Estos hoy tratan de rematarlos a un precio muy inferior a su valor real, lo que afectaría gravemente a la Municipalidad de Valparaíso, la que recibiría menos de la décima parte de lo que le correspondería si el terreno que vale entre 11 y 15 millones de UF se vende por 100 mil UF, que es lo que propone el Síndico.
Validar por omisión o concurrir a firmar sin objetar las propuestas del Síndico, algo que viene sucediendo en todas las administraciones municipales de Valparaíso desde 2013 en adelante, ha terminado por poner en riesgo no solo el aumento de esos derechos contables. También lesiona beneficios sociales derivados del Proyecto Curauma, que incluyen la posibilidad de contar con terrenos para viviendas de calidad para todos los estratos sociales de la comuna, de contar con más de 300 hectáreas orientadas a resguardo ambiental; superficie suficiente para un hospital de alta complejidad que Valparaíso y Viña del Mar esperan desde hace años, y la posibilidad real de un crecimiento de calidad hacia las espaldas de la ciudad con espacios habitables y de recreación y turismo.
Desenfoque accedió a una fundamentada presentación (que se incluye al final de esta nota), que con fecha 8 de agosto hizo el concejal Miguel Vergara González ante la Contraloría General de la República, en la cual sostiene haber solicitado formalmente en dos sesiones del Concejo Municipal que el municipio ejerza sus atribuciones y pida una nueva tasación del inmueble para que no sea vendido a un precio vil, sin obtener respuesta alguna de la Alcaldesa Camila Nieto. Más aún, señala, “ni siquiera ha concurrido a la última Junta de Acreedores”. En su opinión ello constituye una “omisión grave” que “vulnera los deberes establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado”. Ello “porque existen atribuciones legales claras que habilitan a la Municipalidad a exigir una tasación justa que proteja el patrimonio público en este caso, o sea el del municipio. Lo que constituye un notable abandono de deberes” señala.
El Síndico César Millán Nicolet, de controvertida actuación en el proceso de quiebra y que ha vivido la mayor parte del tiempo que esta dura, fuera del país, llamó a un nuevo remate para el día 22 de agosto.
Desenfoque desde la semana pasada ha buscado comunicarse con la oficina de prensa de la Alcaldía, la última vez el día de ayer (recibieron los recados Carolina Sanhueza y Marjorie Ovalle en días diferentes de la anterior y la presente semana) sin obtener ninguna opinión o respuesta sobre el tema. La presentación de la Carta del concejal Miguel Uribe a la Contraloría de fecha 8 de marzo y a la que tuvimos acceso el día de ayer, determinó esta publicación.
Lea la carta integra aquí. CARTA PRESENTACION A CONTRALORIA AGOSTO 2025
