Por Mesa de Desenfoque y Equipo de Investigación
Muy probablemente todos los actos descritos en esta crónica cumplen con las formalidades legales, pero burlan el espíritu de la ley y la correcta supervisión basada en riesgos a que la CMF está obligada. De ahí que la petición de investigación más exhaustiva que se le hace en los documentos que fundamentan esta crónica, va en la dirección correcta.
Es un hecho que la credibilidad de las instituciones del Estado pasa por un mal momento. Los gruesos errores de la Justicia penal, el Servicio de Gendarmería, el Ministerio Público o la PDI conocidos estos días son la punta del iceberg de algo más profundo en el conjunto de la institucionalidad. La escandalosa fuga del sicario venezolano y el hallazgo de que uno de los cabecillas más buscados del Tren de Aragua estaba preso en Valparaíso y nadie lo sabía, ilustran que el sistema judicial chileno está operando a ciegas. Y además, podemos percibir instituciones que funcionan a medias en cuanto a responsabilidad y eficiencia. Ello representa un gran riesgo de seguridad frente a la corrupción y el crimen organizado.
Un artículo del Equipo de Investigación de Desenfoque.cl (https://desenfoque.cl/2025/07/11/como-se-manipula-la-justicia-en-chile) dio cuenta hace poco que “es un hecho corriente que juicios civiles, laborales o querellas se traslapen unos a otros y que, en manos de abogados expertos, las formas procedimentales sirvan a la dilución de la justicia efectiva”. Es decir, una manipulación por lo menos sospechosa y oscura. “que poco o nada se ha hecho para investigar esto”, sostuvo el artículo.
El problema toca el fondo de todo el sector justicia. Fundamentalmente en los vínculos de sistema con otros órganos importantes del Estado, especialmente en lo referido al marco regulatorio del funcionamiento económico. Ahí, la obsolescencia y desajustes en sus procesos de control, y el debilitamiento del principio de responsabilidad pública de sus actos, transforma la ley en letra muerta.
Algunas situaciones específicas que tocan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) son preocupantes. Esta es la entidad encargada de regular y supervisar la buena salud de los mercados financieros: su adecuado funcionamiento, desarrollo y estabilidad, y el control estricto de los operadores en ese mercado. Pero numerosos hechos sugieren signos evidentes de deterioro en la eficiencia con que desempeña sus funciones.
En el marco de investigación sobre ciberseguridad y su impacto en el sistema judicial chileno que Desenfoque lleva adelante en el apoyo de la empresa española SmartPrediction y que ha enfocado, entre otros temas, la manipulación de los algoritmos de distribución de causas del Poder Judicial, la Unidad de Investigación del diario tuvo acceso a una denuncia dirigida a la dirección de la CMF a través de la Unidad de Investigación de esa entidad. En ella se hace una pormenorizada referencia a actuaciones de la Empresa EuroAmérica S.A, regulada en sus operaciones por la CMF y que serían indicativo cierto de su displicencia en materia de control de los operadores, y del borde entre lo debido y lo prohibido que suelen caminar sus controlados.
La carta, que tiene Código de Verificación 20250722174313 con Fecha y Hora de Recepción: 22/07/2025 – 17:43:13 hrs de tal Unidad que se puede leer al final esta crónica menciona tres casos en los cuales, según estima su autor, la CMF inexplicablemente nunca reaccionó. En todos está la firma financiera Euroamérica, controlada por Nicholas Davis Lecaros:Caso Euroamérica – Clínica Las Condes; Caso Euroamérica – Enjoy; y Caso Euroamérica – Curauma.
La inexplicable actuación en caso Clínica Las Condes
Lo más reciente en el tiempo, es la compra de acciones y posterior control de Clínica Las Condes (CLC) por parte de EuroAmerica S.A. (matriz), con protagonismo de su filial EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
En 2018, Euroamérica S.A. compró el 100% de los bonos emitidos por CLC desembolsando US$157,6 millones, pese a la pública y notoria mala situación financiera por años de CLC, con múltiples procesos administrativos y penales entre administradores, accionistas y médicos, que estaban o pertenecieron a ella. En octubre 2024 la clasificadora de riesgo Humphreys bajó la calificación de los bonos de CLC desde BBB+ a BBB-. El 77% de la deuda financiera a septiembre 2024 correspondía a bonos emitidos con el público, que en total eran unos US$162 millones, con EuroAmerica S.A. como principal acreedor con unos US$95 millones invertidos a esa fecha. O sea una mala inversión en bonos.
Lo curioso es que la filial EuroAmérica Seguros de Vida S.A. todos los años, como patrón de conducta, ha hecho millonarios pagos a su matriz por “asesorías financieras”, las cuales constituyen su principal gasto y exceden largamente el monto total anual de todas las remuneraciones de la filial. Durante el periodo 2010-2022, EuroAmerica Seguros de Vida S.A. pagó 1.878.916 UF a la matriz EuroAmerica S.A. en “asesorías financieras”, lo que equivale a 3,3 veces el capital suscrito y pagado de la compañía de seguros y escapa a cualquier racionalidad si se considera la escala operativa de la matriz y la compañía de seguros.
Con estos datos a la vista, existe una fundada sospecha que las asesorías, serían “ideológicamente falsas”, y una forma de extraer recursos desde la filial a la matriz. Sacar dinero “extra-dividendos”, y así, las malas inversiones de la matriz, las financiaría la compañía de seguros con sus pagos, la que es una sociedad regulada que vende rentas vitalicias. Y ese riesgo que golpea a los pensionistas, no se ha medido.
Todo ello consta en la denuncia de fecha 14 de abril de 2023 (denuncia código 2058053) en que el firmante de la carta comunicó los dos aspectos de esta operación que merecerían ser evaluados por la CMF: los millonarios pagos de EuroAmerica Seguros de Vida a su matriz por concepto de “asesorías financieras” vis a vis la mala inversión en bonos del 2018, y el ingreso de EuroAmerica S.A matriz a la propiedad de CLC mediante la compra de un paquete accionario, simultáneamente con Indisa, pero como un hecho paralelo. Muy poco tiempo después, mediante un aumento de capital EuroAmérica pasó a ser el único controlador de CLC con el 29,60% de las acciones, a través de sus filiales EuroAmérica Seguros de Vida y EuroAmérica Corredores de Bolsa. La duda sembrada por este caso es si se está usando la legalidad para generar ganancias limpias o simplemente recuperarse de una mala inversión en la matriz, a costa de exponer a un riesgo adicional -no medible bajo las métricas tradicionales- a una entidad regulada que debe garantizar las reservas técnicas que respalden sus rentas vitalicias, cargándola en todo el proceso de gastos innecesarios, como los informe que se entregan a la matriz.
Euroamérica y el caso Enjoy
Según el denunciante, un esquema similar al anterior se observa en la participación de EuroAmerica con Enjoy, empresa dedicada a la explotación de casinos de juego. Enjoy presentaba hace años problemas de solvencia y EuroAmerica también tenía una importante inversión en bonos d esa empresa. Tras los problemas financieros de Enjoy, el año 2021 EuroAmérica S.A. pasó a ser su principal accionista con un 19,7%, luego de reconvertir la deuda en acciones, desplazando a los antiguos controladores. Su asesor jurídico fue el estudio Claro y Cía, e mismo de los tres casos que contiene esta crónica. Ese mismo año Enjoy acordó con la empresa Dreams una fusión. En el primer trimestre de 2022, la filial EuroAmerica Seguros de Vida ingresó a la propiedad de Enjoy pese a los evidentes problemas financieros de esta. Se convirtió en el cuarto mayor accionista, con el 25,25% de la propiedad, sin que se activara ninguna alarma de control. Al poco tiempo vino la investigación y acusación de colusión en la licitación de casinos que se mantiene actualmente vigente.
El ejecutivo del holding EuroAmerica Henry Comber fue presidente de EuroAmérica S.A. en 2021, presidente de EuroAmérica Seguros de Vida en 2021 y 2022 y presidente de Enjoy en 2021 y 2022. Otro ejecutivo del grupo, Nicholas Davis fue director de EuroAmérica Seguros de Vida en 2021 y 2022, y director de Enjoy en 2021 y 2022. Ninguna alarma de control se activó ante un evidente conflicto de interés de operaciones con partes y directores relacionados.
Pero el problema mayor es que EuroAmerica Seguros de Vida vende rentas vitalicias y administra recursos provenientes de los ahorros de las pensiones, los cuales deben ser invertidos en instrumentos que
respalden adecuadamente la deuda con los pensionados. Peor aún si el operador de estos fondos ingresa en la propiedad de una compañía con pérdidas, alto endeudamiento, en un proceso de reorganización judicial, y con una fusión aún no autorizada.
El problema podría ser mayor si de la acusación de colusión resultan sanciones y, dado que Enjoy tiene emitidos bonos internacionales repactados en todas las transacciones accionarias y reorganización financiera mencionadas, es posible que se presente un escenario adverso que comprometan los fondos de pensiones vitalicias. Especialmente si bonistas norteamericanos realizan acciones legales en Estados Unidos.
Euroamérica y el caso Curauma
En la denuncia enviada por carta a Solange Bernstein -economista políticamente transversal- ex superintendenta de Pensiones, en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera y actualmente presidenta de la Comisión de Mercado Financiero (CMF) se revela lo que teniendo en cuenta los casos expuestos- parece un patrón de conducta, al interior de las instituciones. Incluso es posible delimitarlo a partir de un caso emblemático. Se trata de la quiebra de Curauma S.A, empresa en la que -otra vez- EuroAmérica aparecía como uno de los acreedores. En este caso, las circunstancias específicas lo hacen más complejo, ya que se trata de un hecho donde es posible demostrar la apropiación de bienes inmobiliarios y además hay hechos suficientes para instalar la sospecha en torno a “un conjunto muy amplio de procedimientos y organismos” consigna la carta enviada por el académico denunciante Iván Rojas. En este contexto, es alarmante, la actuación del Poder Judicial. Particularmente la “concreción deliberada de sabotaje informático”, según detalla la carta de Iván Rojas a la CMF.
Concretamente, respecto del caso Curauma, en el año 2004 hubo una operación de financiamiento bastante menor para un proyecto de Smarcity o ciudades inteligentes, para el cual EuroAmérica Seguros de Vida hizo un préstamo de 715.000 UF que se radicó en la sociedad Curauma S.A.
Este préstamo, además de intereses, tenía garantía de más de 2.000 hectáreas de terrenos en la comuna de Valparaíso, con contratos en modalidad de leasing y venta, incluido un pacto de recompra de los terrenos en garantía.
Al año 2013, después de que Curauma S.A. pagó efectivamente 1.040.775 UF (el capital original de 715.000 UF más un 45,6% adicional en ocho años de intereses, algo muy por sobre el interés convencional), y quedando pendiente una última cuota final de 907.081 UF para recuperar sus terrenos, con fecha de vencimiento de 31 de agosto de 2013, EuroAmérica se negó a prorrogar. Frente a esta decisión, la sociedad Curauma S.A. propuso un Convenio Judicial Preventivo en Valparaíso para reorganizar sus finanzas.
El 6 de agosto de 2013, previo al vencimiento de la cuota final y en conocimiento de la proposición del Convenio Judicial Preventivo, y antes también de que se votara su aprobación por parte de los acreedores, EuroAmerica Seguros de Vida traspasó los terrenos a una sociedad relacionada Administraciones y Proyectos Euroamérica S.A. (APE), calificada como mini PYME, por UF 884.000. Esta filial lo compró a la matriz con un crédito expres del Banco de Chile en una operación muy parecida al caso CAVAL pues se trataba de una empresa sin personal contratado, con un capital pagado mínimo y sin ninguna garantía alguna en solo horas, para una operación oscura sobre los bienes de un fallido, que tenían y tienen un valor inmensamente superior.
La razón resultó rápidamente evidente y tuvo una relación directa con la aprobación del Plan Regional Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), l que de hecho ocurrió en octubre 2013, y que como consecuencia la mayor parte de los terrenos de Las Cenizas sustraidos por la operación a Curauma pasaron a tener la categoría de “extensión urbana” y con un valor asignado r de más de 11,8 millones de UF.
En diciembre 2012, el patrimonio de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. fue US$ 122 millones. Las tasaciones anteriormente descritas equivalen a 7,2 veces el patrimonio de EuroAmérica sin terrenos. A valor presente de 1 UF/M2, con el Premval, estos terrenos costarían al menos 15,3 millones de UF, esto es 9,3 veces el patrimonio de EuroAmerica sin terrenos.
Este fue un factor determinante para que EuroAmérica aprovechando la situación de poca liquidez de Curauma S.A., forzara la apropiación de los
terrenos y evadiera maliciosamente el pacto de recompra. En cuestión de días, y saltándose todos los protocolos internos de evaluación y revisión, incluso sin tasación del terreno por parte del banco, el Banco de Chile otorgó el préstamo mencionado de 884.000 UF a la mini PYME de EuroAmerica contra la hipoteca de los terrenos –con cláusula de garantía general- objeto de las acciones judiciales, a un año plazo y con una tasa de interés de UF+4,45% anual. De esta forma , se materializó la jugada de “sacar” el terreno en conflicto de la compañía de seguros, que es una sociedad regulada.
Según sostiene el denunciante, este “consejo financiero” habría provenido de Osvaldo Macías, entonces Intendente de Valores y Seguros, con el fin de “proteger” a la compañía de seguros de la contingencia legal.
Posteriormente, en los años 2019 y 2020, EuroAmerica Seguros de Vida S.A. recompró a su filial EuroAmerica Administraciones y Proyectos S.A.
por UF 1.530.000 los mismos terrenos que le había vendido en 884.000 UF en 2013. La diferencia de precio entre la venta y la recompra fue de 646.000 UF, es decir, un 73,08% de utilidad para la MiniPyme a costa de la Compañía de Seguros de Vida que vende rentas vitalicias. Como antecedente curioso y de evidente conflicto de interés, en el contrato de compraventa de 2020, los señores Fernando Nizzam Escrich Juleff y Arturo Roa Benard, ambos ejecutivos de EuroAmerica, representaron en la misma escritura de compraventa a ambas sociedades (comprador y vendedor). Ninguna alarma se activó.
Inmediatamente después del traspaso de los terrenos, el 8 de agosto de 2013 Curauma S.A. demandó a Euroamérica Seguros de Vida S.A., obteniendo una medida precautoria sobre los terrenos, y el 30 de agosto de 2013 Curauma S.A. presentó una querella criminal por fraude y usura contra ejecutivos de EuroAmerica.
El mismo día en que EuroAmerica y Banco de Chile fueron notificados de la demanda de Curauma S.A., un ex director de Curauma S.A.,Julio Bustamante Jeraldo, ex superintendente de pensiones desde 1994 a 2000, solicitó la quiebra de Curauma S.A. en Santiago con un crédito verificado en el proceso paralelo en Valparaíso, y cuyo origen correspondería a honorarios pendientes de pago que Curauma S.A. tenía con él.
La solicitud de Quiebra ingresada al sistema de distribución de Causas quedó asignada al 2° Juzgado Civil de Santiago, aunque se comprobó posteriormente que hubo una manipulación en el sistema de distribución de causas que administra la Corporación de Administración del Poder Judicial (CAPJ). Esta reconoció que la causa debió ser asignada al 6° Juzgado Civil de Santiago y no al 2°, pero nunca explicó porqué y en medio de todos sus escándalos el Poder Judicial se ha omitido olímpicamente. La causa siguió un curso lleno de anomalías entre la jueza de ese Juzgado, el síndico designado, el estudio de abogados, y la postura indolente de los organismos públicos intervinientes, sostiene la presentación. Algo que hoy es un caso de estudio en las escuelas de derecho sobre “casos procedimentalmente complejos” y que debieran estudiarse en los temas relativos a la ley penal y la investigación de delitos de alta complejidad, ya que el caso contendría sabotaje informático, entre otros aspectos de ciberseguridad.
Así las cosas, los tres casos expuestos demostrarían un esquema o un patrón de conducta de EuroAmerica, en el cual, con variantes menores en cada caso, todos los hechos cumplirían en apariencia con las formas que establece la normativa pertinente. Pero que en el fondo muestra conflictos de interés, expresión de dolo o mala fe, exposición a riesgos no medibles del bienestar financiero de terceros por parte de una compañía de seguros que vende rentas vitalicias. Amén de enriquecimiento indebido y una operación de intermediarios jurídicos, organismos judiciales y organismos de control y fe pública que merecen una investigación exhaustiva de parte del Estado de Chile y sus órganos competentes.
Según el autos de la denuncia, Iván Rojas, envió estos antecedentes a Solange Bernstein presidenta de la CMF, para que en su rol supervisor, tome conocimiento y analice a fondo los hechos expuestos detalladamente. Espera, dice, que tras un análisis razonado de este tipo de actuaciones se originen cambios concretos y positivos en la normativa. Y sobre todo un control efectivo.
Pues cada uno de los problemas que se pueden detectar al interior de esta crónica, tienen un correlato en materia de repositorios y procedimientos digitales que, lamentablemente, no tienen en su totalidad un resguardo y respaldo digital asegurado, no están homologados, ni se encuentran en posición de interactuar en línea y cooperar de acuerdo a los nuevos estándares de ciberseguridad y delitos informáticos que deben cumplir las instituciones.
Todos los organismos públicos mencionados, algunos considerados o pertenecientes a los llamados autónomos constitucionales por la Ley de Ciberseguridad como el Ministerio Público o el Poder Judicial, son también informantes obligados en los incidentes de ciberseguridad. Y para hacerlo deberán tener un doble propósito; seguridad interna o ciberseguridad de borde para sus procesos y el control de situaciones o conductas anómalas, y alineamiento con la prevención de hackeo externo o incidentes de ciberseguridad nacional.
