La conferencia de alto nivel de la ONU que se celebrará la semana próxima para debatir un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal debe centrarse en la aplicación inmediata y efectiva del derecho internacional, incluidas las obligaciones de los Estados de prevenir y sancionar el genocidio y el apartheid y poner fin a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorio palestino. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un documento de trabajo de incidencia publicado hoy.
El documento formula una serie de recomendaciones para que los Estados emprendan acciones significativas y ejerzan la presión necesaria sobre Israel para que ponga fin al genocidio que está perpetrando contra la población palestina en Gaza, levante el inhumano bloqueo humanitario y desmantele su ocupación ilegal del territorio palestino y su sistema de apartheid impuesto a todas las personas palestinas cuyos derechos controla.
«Si los ministros y ministras que se reúnan en Nueva York la semana que viene están realmente comprometidos a forjar una paz y seguridad justas, completas y duraderas para las poblaciones tanto israelí como palestina, la primera prioridad debe ser emprender acciones concretas para poner fin al genocidio que Israel está llevando a cabo contra la población palestina en Gaza y a su ocupación militar ilegal del territorio palestino, que ha alimentado violaciones masivas de derechos humanos contra la población palestina y ha permitido un sistema afianzado y cruel de apartheid ejercido por Israel», ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La actual crisis catastrófica creada por Israel en Gaza es insoportable, y los Estados deben actuar con urgencia y resolución. Las declaraciones, la condena y las limitadas acciones de los Estados no protegen a la población civil ni respetan el derecho internacional humanitario.
«Una acción auténtica y significativa de los gobiernos debe empezar, ante todo, con la exigencia de un alto el fuego inmediato y sostenido, así como el levantamiento del bloqueo ilegal impuesto por Israel. Sin estas medidas urgentes y fundamentales, cualquier proceso destinado a abordar el futuro de la población palestina carece de credibilidad. ¿Cómo puede considerarse significativo ese proceso cuando, a diario, a la población palestina la están masacrando, matando de hambre y desplazando forzadamente hacia unas porciones de tierra cada vez más pequeñas?»
Entre las recomendaciones, Amnistía Internacional pide urgentemente a los Estados que:
- exijan un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza, garanticen el acceso completo y sin impedimentos a todas las zonas de Gaza y rechacen firmemente el modelo israelí de distribución de ayuda humanitaria, que no es neutral y está controlado por el ejército. Debe restaurarse de inmediato una respuesta humanitaria de principios, encabezada por la ONU, y la financiación de las organizaciones humanitarias imparciales debe mantenerse y ampliarse;
- pongan fin a todo comercio o transferencia que contribuyan al genocidio, al apartheid o a la ocupación ilegal o estén vinculados a ellos. Esto incluye en primer lugar prohibir todas las transferencias de armas y equipos de vigilancia y toda ayuda militar a Israel. Los Estados deben poner fin a los acuerdos comerciales y de cooperación preferenciales con Israel, incluido el acuerdo comercial entre la UE e Israel;
- adoptar sanciones específicas contra las autoridades israelíes más implicadas en crímenes de derecho internacional, y cooperar con la Corte Penal Internacional, cumpliendo, entre otras cosas, sus órdenes de detención;
- comprometerse a reconstruir la Franja de Gaza y rehabilitar a su población oponiéndose al mismo tiempo a todo desplazamiento forzado de personas palestinas dentro o fuera de Gaza;
- establecer mecanismos de reparación y rehabilitación para la población palestina, en los que Israel tenga la principal responsabilidad económica.
Amnistía Internacional pide también a las empresas que se nieguen a mantener cualquier implicación o vínculo directo con las acciones ilegales de Israel. Las empresas deben garantizar que no contribuyen a que se cometan violaciones graves de derechos humanos.
La organización pide asimismo a la sociedad civil y al público en general que sigan movilizándose y haciendo campaña para exigir que los Estados cumplan sus obligaciones legales contraídas en virtud del derecho internacional, denuncien a las empresas, los bancos y otros actores económicos que contribuyan a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel o estén directamente vinculados con ellas, y exijan que dejen de hacerlo.
«Los Estados deben ser inequívocos: Israel no está por encima de la ley, y la rendición de cuentas es una prioridad. Deben aprovechar la oportunidad brindada por esta conferencia para poner fin a su apoyo activo o tácito a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel o a su inercia autoimpuesta. La conferencia debe dar lugar a un compromiso claro de todos los Estados de suspender toda actividad económica que contribuya a la ocupación ilegal de Israel, su sistema de apartheid o su genocidio contra la población palestina de Gaza o esté directamente vinculada con ella», ha manifestado Agnès Callamard.
«Puesto que está en juego la supervivencia misma de la población palestina, no se puede perder el tiempo con promesas falsas o trivialidades. Mientras la gente sigue saliendo a las calles para exigir una acción global, y a medida que más Estados reconocen el genocidio de Israel como lo que es, un ejercicio vacuo y performativo no sólo sería sordo, sería inconcebible. Para que esta conferencia sea algo más que una farsa, los Estados deben atender nuestros llamamientos. Deben convertir las palabras en una acción que esté firmemente arraigada en el derecho internacional y la protección de los derechos humanos,» concluye la Secretaria General de Amnistía Internacional.
